TC anunció próximo pronunciamiento sobre demanda de la Fiscal de la Nación contra la JNJ

En los próximos días se dará a conocer un nuevo pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) respecto a la demanda competencial que presentó la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para anular las investigaciones en su contra.

"Sí va a haber un pronunciamiento. Se ha presentado una propuesta de calificación en un plazo bastante rápido. Para el traslado al órgano emplazado a la JNJ, tiene un periodo de cuatro o cinco meses [para resolverse el caso]", confirmó Gustavo Gutiérrez Ticse, magistrado del Tribunal Constitucional.

En entrevista a Octavo Mandamiento, el miembro del TC, señaló que esta clase de enfrentamientos entre la titular del Ministerio Público y la JNJ "no le hacen bien" al sistema de justicia, pero "enriquecen el sistema constitucional".

"Porque, en tanto, la fiscal [Patricia Benavides] alegue que hay un control de actividades administrativas, la ley orgánica es del año 82, o sea, tenemos una ley preconstituyente, el legislador que debió actualizar esa ley no lo ha hecho. Tenemos un vacío al respecto [...] Tenemos desactualizada los perfiles de los poderes públicos", advirtió el magistrado.

MURO DE LA VERGÜENZA

En tanto, Gustavo Gutiérrez Ticse también se pronunció sobre el caso del denominado Muro de la Vergüenza entre los distritos de Villa María del Triunfo y La Molina, así como del pedido del municipio de esta última jurisdicción para la ampliación de la demolición de la estructura por 180 días más.

"Atendiendo al principio de buena fe, voy a pedir a mis colegas que podamos conceder un plazo ampliatorio, espero que así lo acogen a efector de poder cumplir [la demolición] porque si me envían un oficio pidiendo más tiempo porque están teniendo problema, démosles la oportunidad", argumentó el miembro del TC.

Finalmente, Gutiérrez Ticse remarcó que el denominado Muro de la Vergüenza "evidencia un acto discriminatorio y racista", además de ser necesaria su eliminación tras 20 años de haber sido construido en un terreno del Estado.