TC extiende hasta 2030 plazo para reducir hacinamiento carcelario

El Tribunal Constitucional ordenó al INPE y al Minjus presentar reportes anuales de avance en la reducción de la sobrepoblación penitenciaria.
El Tribunal Constitucional (TC) decidió otorgar al Gobierno un nuevo plazo de cinco años —hasta 2030— para resolver el grave problema de hacinamiento penitenciario que afecta al sistema carcelario peruano. Esta decisión se da luego de que venciera el plazo original, fijado en 2019, que buscaba reducir la sobrepoblación en los penales del país.
Además, el TC ordenó al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) entregar informes anuales que den cuenta del progreso en esta materia.
Vencimiento del plazo original y cifras alarmantes
Ayer, 26 de mayo de 2025, se cumplió el periodo de cinco años originalmente establecido por el propio Tribunal para que el Estado implemente medidas efectivas destinadas a reducir la sobrepoblación carcelaria. Sin embargo, el número de internos en los penales peruanos ha superado los 94,000 reclusos, lo que evidencia que el problema estructural no ha sido resuelto.
Esta cifra representa una situación crítica de hacinamiento, considerando que la capacidad instalada del sistema penitenciario es significativamente menor.
Nueva exigencia: reportes anuales obligatorios
En su reciente resolución, el Tribunal Constitucional dispuso que tanto el INPE como el Ministerio de Justicia deberán remitir reportes anuales detallando los avances concretos en infraestructura, reasignación presupuestal, ampliación de penales y medidas alternativas a la prisión preventiva.
Con esta medida, el TC busca garantizar un monitoreo sostenido del cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado, y evitar que el tema vuelva a quedar en el olvido institucional.
Compromisos pendientes del Ejecutivo
La resolución también recuerda que el Estado tiene la obligación de asegurar condiciones dignas en los centros penitenciarios, en cumplimiento del principio constitucional de dignidad humana. Esto incluye mejorar el acceso a salud, alimentación, espacios adecuados y programas de rehabilitación para los internos.
El nuevo plazo hasta 2030 representa una última oportunidad para que el Gobierno nacional y las autoridades penitenciarias actúen con celeridad y compromiso frente a una crisis que afecta no solo a los internos, sino también a los trabajadores del sistema penal y a la sociedad en general.
Resumen:
- TC extiende plazo al 2030 por hacinamiento penitenciario.
- El plazo original de cinco años venció en mayo de 2025.
- Las cárceles albergan a más de 94,000 reclusos.
- INPE y Minjus deberán entregar informes anuales.
- El TC exige mejorar condiciones y reducir la sobrepoblación.