TC rechaza habeas corpus a favor de Pedro Castillo
El recurso buscaba la liberación del expresidente, pero fue declarado improcedente.
El Tribunal Constitucional (TC) declaró improcedente la demanda de habeas corpus interpuesta a favor del expresidente Pedro Castillo, quien permanece detenido tras el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
La decisión se basa en que la solicitud fue presentada en un juzgado sin competencia territorial para evaluarla.
El recurso fue presentado el 14 de diciembre de 2022 por el ciudadano Brangil Juan Mateo Blas, quien alegó que la detención de Castillo había sido arbitraria y que se vulneraron sus derechos fundamentales.
Sin embargo, el TC resolvió que la demanda no correspondía, ya que fue interpuesta en el distrito judicial de Huancayo, cuando el expresidente fue detenido en Lima y se encuentra recluido en la sede de la DINOES.
Según el TC, el Código Procesal Constitucional establece que la demanda de habeas corpus debía presentarse en la jurisdicción donde ocurrieron los hechos.
"La competencia territorial en este tipo de procesos es improrrogable bajo sanción de nulidad de todo lo actuado", concluyó la sentencia.
¿DE QUÉ SE ACUSA A PEDRO CASTILLO?
El exmandatario enfrenta cargos por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.
La Fiscalía ha solicitado una condena de 34 años de prisión, argumentando que Castillo intentó usar su posición como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía para romper el orden constitucional y establecer un gobierno ilegítimo.
El Poder Judicial ha programado el inicio del juicio oral para el 4 de marzo a las 9:00 a. m.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema procesará a Castillo junto con exfuncionarios de su gobierno, como Betssy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta, quienes son señalados como coautores del delito de rebelión.
El proceso incluirá audiencias mixtas (presenciales y virtuales), en las que el expresidente participará desde el penal de Barbadillo, donde cumple prisión preventiva.
La Fiscalía también ha solicitado una reparación civil de S/ 65,419 a favor del Estado.
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