Tomás Gálvez: JNJ debe separar a jefe de ONPE para segunda vuelta

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, sostuvo que los actuales directivos de la ONPE han perdido la idoneidad necesaria para gestionar la etapa final del proceso electoral. Durante una entrevista en el programa Al Final del Día de Canal N, el magistrado enfatizó que las fallas logísticas registradas durante la primera jornada de votación invalidan la capacidad técnica de la institución para garantizar la transparencia en los próximos comicios.

Gálvez argumentó que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) posee la facultad administrativa para intervenir de forma inmediata en la estructura del organismo electoral. Según el fiscal, la permanencia de los actuales responsables en la ONPE representa un riesgo para la estabilidad del sistema democrático peruano tras las negligencias documentadas por diversos organismos de control estatal.

Situación legal de la máxima autoridad de ONPE

El titular del Ministerio Público aclaró que el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, no goza de la prerrogativa del antejuicio constitucional al no ser un funcionario aforado. Esta precisión jurídica implica que las denuncias presentadas contra Corvetto deben ser tramitadas por la fiscalía competente sin requerir una autorización previa del Congreso de la República.

La denuncia interpuesta por el candidato Rafael López Aliaga contra el jefe de la ONPE ya ha sido derivada al fiscal supremo Juan Carlos Villena. Gálvez explicó que la competencia del fiscal supremo sobre este caso está determinada por la ley orgánica y las resoluciones vigentes que regulan las investigaciones a altos funcionarios estatales.

Caso Corvetto: Distribución de investigaciones por presuntos delitos

Las indagaciones sobre las irregularidades en la ONPE se han dividido en tres carpetas fiscales distintas para atender la naturaleza de cada presunto ilícito. Las denuncias por colusión ilegal, vinculadas a la contratación de empresas de transporte, están bajo la jurisdicción de la fiscalía anticorrupción con el apoyo de la policía especializada.

Por otro lado, los cargos referidos a la omisión de funciones y posibles delitos electorales han sido asignados a la fiscalía corporativa común. Gálvez detalló que la estructura de la ONPE enfrenta cuestionamientos que involucran tanto al jefe de la entidad como a otros gerentes que participaron en la ejecución del plan operativo.

Indicios de colusión en contratos de transporte

El fiscal de la Nación mencionó que existen indicios razonables de una concertación ilegal en la elección de la empresa encargada del despliegue material. Según el magistrado, la ONPE habría optado por una compañía con antecedentes de sanciones y precios elevados, dejando de lado a proveedores con mayor reputación en el mercado nacional.

Esta presunta colusión habría perjudicado económicamente al Estado y afectado directamente la instalación oportuna de las mesas de sufragio el día de la elección. Los peritos del Ministerio Público analizan si los funcionarios de la ONPE ignoraron advertencias técnicas para favorecer intereses particulares durante el proceso de selección de contratistas.

Responsabilidad administrativa de la JNJ

Para Tomás Gálvez, la negligencia mostrada en la distribución de actas constituye una infracción disciplinaria muy grave que amerita la destitución inmediata. El fiscal instó a la Junta Nacional de Justicia a actuar con celeridad para separar al jefe de la ONPE mediante un proceso administrativo célere antes de la segunda vuelta.

El magistrado subrayó que no es necesario acreditar intencionalidad dolosa para proceder con una sanción administrativa contra el titular de la ONPE. La falta de un plan de contingencia adecuado y el perjuicio causado a miles de votantes son, a juicio de Gálvez, hechos objetivos que justifican la aplicación de medidas cautelares.

Informe de la Contraloría sobre fallas operativas

Un reporte reciente del órgano de control detectó situaciones adversas durante el periodo de evaluación del despliegue informático y material de la ONPE. El informe revela que las deficiencias eran previsibles desde días antes de los comicios, lo que agrava la responsabilidad de la alta dirección del organismo electoral.

Gálvez señaló que este documento de la Contraloría confirma que la ONPE no cumplió con los estándares mínimos de gestión logística. La persistencia de estas fallas operativas sugiere que la autoridad electoral carece de la preparación necesaria para afrontar un nuevo proceso de escrutinio nacional sin repetir los errores pasados.

Impacto de las irregularidades en el derecho al sufragio

El Ministerio Público investiga si existió una conducta dolosa para impedir que determinados sectores de la población ejercieran su voto el domingo. Gálvez recordó que en la ONPE se registraron mesas instaladas después del mediodía, lo que provocó que muchos ciudadanos se retiraran de los locales sin participar en la elección.

Incluso con la votación realizada el lunes, el fiscal considera que el delito electoral podría haberse configurado al obstaculizarse el proceso original. La investigación determinará si los retrasos en la ONPE fueron producto de una incapacidad operativa o de una estrategia deliberada para alterar el normal desarrollo del acto electoral.

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, solicitó a la Junta Nacional de Justicia la separación inmediata de Piero Corvetto de la jefatura de la ONPE de cara a la segunda vuelta electoral. Gálvez argumentó que Corvetto no es aforado y enfrenta múltiples investigaciones por colusión ilegal y omisión de funciones. El magistrado enfatizó que las fallas logísticas en la distribución de material electoral representan una negligencia grave que amerita destitución. Además, precisó que la fiscalía anticorrupción investiga los contratos de transporte, mientras que la fiscalía suprema evalúa la responsabilidad directa del titular del organismo electoral ante las denuncias presentadas.