Tratado de Alta Mar: excanciller advierte falta de fondos

El excanciller Javier González Olaechea advirtió que el Tratado de Alta Mar, recientemente firmado por la presidenta Dina Boluarte, presenta serias deficiencias en cuanto a mecanismos de financiamiento.

Durante su entrevista en Cuentas Claras de Canal N, afirmó que incluso ONG promotoras del acuerdo señalan la falta de coherencia financiera para ejecutar sus compromisos.

Resaltó la crítica de Irene Goldberg, activista internacional, quien ha reconocido que, pese al carácter positivo del pacto, este adolece de mecanismos reales que respalden sus metas con recursos concretos.

"No hay dinero previsto", subrayó el excanciller, destacando que la eventual creación de una secretaría de administración dependerá de los aportes de los Estados parte, lo cual aún no está claro.

Además, cuestionó el uso del término “las partes” en vez de “Estados parte”, lo cual podría abrir la puerta a que organizaciones regionales se arroguen interpretaciones propias del tratado, afectando su aplicación uniforme.

Firma presidencial del Tratado de Alta Mar: facultad sin límites

González Olaechea explicó que la presidenta Boluarte actuó dentro de sus atribuciones al firmar el Tratado de Alta Mar.

“Es una facultad exclusiva y excluyente del jefe de Estado”, aseguró. Esta etapa corresponde solo al Poder Ejecutivo, y no requiere intervención inmediata del Congreso de la República.

Detalló que la presidenta dirige la política exterior, mientras que la Cancillería la coordina y ejecuta. Por tanto, nadie puede cuestionar legalmente la firma del acuerdo en esta fase preliminar.

¿Afecta a la soberanía? Las implicancias en el dominio marítimo

En cuanto a la posible afectación de la soberanía, el excanciller dejó claro que, si bien el tratado no altera directamente los derechos sobre las 200 millas, sí podría afectar el ejercicio soberano en aguas adyacentes.

Explicó que la explotación de recursos, especialmente genéticos y pesqueros, más allá de las 200 millas, podría tener consecuencias indirectas por las corrientes marinas.

También alertó sobre la falta de criterios técnicos para evaluar estas afectaciones, lo que genera incertidumbre.

El complejo proceso de ratificación del Tratado de Alta Mar

El excanciller detalló que, para que el Tratado de Alta Mar sea ratificado, el Poder Ejecutivo debe enviar un proyecto de resolución legislativa al Congreso. Este proceso incluye evaluaciones técnicas y opiniones vinculantes de los sectores involucrados.

La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso revisaría el expediente antes de su aprobación en el pleno. Recién después de ese trámite, el Poder Ejecutivo podrá ratificar el tratado y depositar el documento en la ONU, para su entrada en vigor.

¿El Congreso sabía que se firmaría el Tratado?

Sobre la sorpresa expresada por varios congresistas respecto a la firma del tratado, González Olaechea sugirió que quizá no leyeron con atención la solicitud de viaje aprobada. Afirmó que en dicho documento se mencionaba la intención de adherirse al tratado durante la visita oficial a Francia.

Evadiendo una acusación directa, dejó entrever que hubo una falta de diligencia legislativa en este punto. “No quiero afirmarlo, pero se desprende de la situación”, señaló.

Organizaciones regionales: ¿nuevos actores con poder?

Uno de los aspectos que más preocupó al excanciller fue el rol que podrían asumir organizaciones regionales como la CELAC. Explicó que el tratado permite que estas entidades interpreten sus disposiciones, lo cual podría tener implicancias políticas adversas.

Criticó que este vacío podría permitir que actores con poca neutralidad política asuman un rol central en su implementación, lo cual podría complicar su ejecución técnica y legal.

¿Hubo sustento técnico suficiente?

Consultado sobre si la Cancillería presentó informes técnicos y jurídicos a la presidenta, González Olaechea dijo no tener información sobre ello. Recalcó que el tratado es complejo y necesita un análisis técnico profundo, por lo cual espera que la mandataria haya sido debidamente asesorada.

Enfatizó que no se trata de un acuerdo menor, sino de un tratado jurídicamente vinculante con múltiples componentes técnicos que deben ser evaluados en detalle.

Excepciones preocupantes en el Tratado de Alta Mar

Otro punto que generó preocupación fue el artículo de excepciones para buques de guerra y aeronaves militares. El excanciller cuestionó quién sería el encargado de verificar si su uso es estrictamente gubernamental y no comercial.

Advirtió que esta indefinición podría ser aprovechada por potencias extranjeras para eludir las obligaciones del tratado sin consecuencias.

Congreso debe citar al canciller para dar explicaciones

Finalmente, González Olaechea consideró fundamental que el canciller acuda al Congreso para explicar los alcances del Tratado de Alta Mar. Señaló que existen dudas legítimas que deben ser abordadas públicamente y con transparencia.

Recordó que no se trata de una simple formalidad, sino de un compromiso que involucra a todo el Estado peruano y cuya ejecución requerirá control político y técnico riguroso.