Valkiria XI: Liberan a Abel Hurtado, exasesor de Patricia Benavides, y empresaria Mirtha Gonzales Yep

La Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó 15 días de detención preliminar judicial contra cuatro personas que fueron intervenidas en la operación Valkiria XI que realizó el Equipo Especial Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) en abril pasado, y a quienes la Fiscalía los investiga por el presunto delito de organización criminal y otros en agravio del Estado.

Según informó el Poder Judicial, la medida comprende a los imputados José Luis Castillo Alva, Miguel Girao Isidro, Jorge Palomino Quesada y Jorge Rodríguez Menacho, quienes permanecerán con detención preliminar.

"El tribunal, luego de escuchar los informes de la Fiscalía, los abogados y a los propios imputados, concluyó que la medida es prudente y razonable para esclarecer los hechos investigados", se argumentó en una serie de publicaciones.

Asimismo, se conoció que el colegiado revocó la detención preliminar contra la empresaria Mirtha Gonzales Yep y Abel Hurtado Espinoza, exasesor de Patricia Benavides, para quienes, según se indicó, "no se advirtió el riesgo de fuga ni peligro procesal", por lo que dispuso su inmediata libertad.

¿QUÉ FUE LA OPERACIÓN VALKIRIA XI?

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), que lidera la fiscal superior Marita Barreto, llevó a cabo desde las primeras horas de la madrugada de este martes 23 de abril el operativo denominado Valkiria XI.

La operación, que contó con el apoyo de 23 fiscales y más de 100 efectivos de la Policía Nacional (PNP), logró detener preliminarmente a siete personas identificados como José Luis Castillo Alva, Mirtha Gonzales, Abel Hurtado, Miguel Girao, Giancarlo Valer, Jorge Luis Palomino y Jorge Rodriguez, por los delitos de organización criminal, colusión agravada, tráfico de influencia y otros.

Asimismo, se allanó 21 viviendas en diversos distritos de Lima Metropolitana.

La intervención fiscal se dio en el marco de las investigaciones a cargo del fiscal Christian Niño Torres, seguidas contra Jaime Villanueva, Miguel Girao Isidro, José Luis Castillo y Alva y otros, que vincularían también a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.

La presunta organización criminal habría instrumentalizado el poder constitucional del monopolio de la persecución penal para intereses particulares y generar ganancias ilícitas producto de actividades corruptivas.

Patricia Benavides cuando asumió la titularidad de la Fiscalía de la Nación, con el fin de favorecer en la investigación que se seguía contra su hermana Enma Benavides Vargas, destituyó a la fiscal suprema Bersabth Felicitas Revilla Corrales, responsable de promover la acción penal contra su hermana, acción que le trajo como consecuencia acusaciones constitucionales en el Congreso.

Desde ello, la organización criminal logró su consolidación, desplegando acciones para evitar ser procesada y sancionada y así sostenerse en el máximo cargo de la titularidad de la acción penal, haciendo que sus exasesores Jaime Javier Villanueva Barreto, Miguel Angel Girao Isidro y Abel Hurtado Espinoza, influyan ilícitamente en las decisiones de Congresistas para que procuren promover la destitución de Zoraida Avalos Rivera como fiscal suprema, quien sería una potencial sucesora ante su eventual destitución, dando como contraprestación el archivamiento de denuncias de carácter penal que ella tenía a cargo, también habrían influido en la designación del Defensor del Pueblo y procurar la remoción de la Junta Nacional de Justicia para impedir su destitución.