Villarán pide a la Municipalidad de Lima pagar su defensa legal
Susana Villarán pidió a la Municipalidad de Lima que asuma el costo de su defensa legal en investigación por presunta corrupción
La ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, ha solicitado formalmente a la Municipalidad Metropolitana de Lima el financiamiento de su defensa legal en el marco de la investigación que afronta por la obra Recuperación de la Plaza de Bandera. La solicitud incluye la cobertura de honorarios profesionales para un abogado particular.
De acuerdo con la documentación presentada, Villarán solicita que los gastos derivados de su representación legal sean asumidos por el Estado. El pedido se sustenta en el hecho de que los hechos investigados ocurrieron durante su gestión como autoridad edil.
La solicitud fue acompañada de una propuesta de defensa legal y de documentos que establecen un compromiso de reembolso y devolución. Esto incluiría una eventual restitución de los fondos, en caso de que el resultado del proceso lo justifique.
Contexto de la investigación y argumentos presentados
La investigación en curso está relacionada con presuntos actos de corrupción vinculados a la ejecución de la obra pública en la Plaza de Bandera. Aunque aún no se ha emitido una resolución judicial, el Ministerio Público analiza la posible responsabilidad penal de diversos funcionarios involucrados, entre ellos la exburgomaestre.
En su solicitud, Villarán plantea que se trata de hechos vinculados directamente al ejercicio de su cargo y que, por tanto, la entidad edil debería asumir temporalmente los costos de su defensa jurídica. La propuesta no solo involucra la contratación del abogado, sino también la autorización institucional para proceder con el acuerdo.
Procedimiento y posibles implicancias administrativas
La Municipalidad de Lima deberá evaluar si autoriza o no el financiamiento solicitado. Este tipo de solicitudes suelen pasar por una revisión legal y administrativa que involucra informes de la Procuraduría Municipal y de otras instancias internas.
De autorizarse, se establecerían mecanismos de control y fiscalización del gasto, así como condiciones para un eventual reembolso. No obstante, la decisión final dependerá de si se considera que la defensa está vinculada de forma legítima al ejercicio de la función pública.
Por el momento, la comuna metropolitana no ha emitido un pronunciamiento oficial respecto a la solicitud de Villarán, que se presenta en medio de un proceso judicial aún abierto y con implicancias políticas y legales.
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