Vladimir Cerrón reapareció de manera virtual en juicio oral
El Poder Judicial levantó la orden de captura tras cesar su condición de contumaz en el caso carretera Chupuro en Junín.
El exgobernador regional de Junín y fundador del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, reapareció de manera virtual durante la audiencia del juicio oral correspondiente al caso del proyecto de infraestructura vial Chupuro.
La diligencia judicial se desarrolló ante el Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín.
De acuerdo con la información procesal, la comparecencia remota permitió la acreditación de los datos generales del imputado ante la autoridad judicial.
El tribunal resolvió el levantamiento de las órdenes de captura vigentes y dispuso el cese de la condición de reo contumaz que pesaba sobre el procesado desde el año 2024.
La decisión del magistrado a cargo dejó sin efecto las medidas de ubicación y captura dictadas previamente por la inasistencia del exfuncionario a las sesiones presenciales del proceso penal.
Vladimir Cerrón: audiencia del juicio oral y acusación del Ministerio Público
La causa penal abarca presuntas irregularidades cometidas en la licitación del proyecto de mejoramiento de la carretera Chupuro, Vista Alegre, Chicche, Chongos Alto y Huasicancha.
El Ministerio Público formuló un pedido de pena privativa de la libertad de 9 años de prisión efectiva contra la exautoridad por la comisión de delitos contra la administración pública.
La fiscalía requirió adicionalmente la inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público por el mismo periodo temporal.
Las investigaciones determinaron que el Gobierno Regional de Junín facilitó un desembolso de 11281000 soles a favor de la empresa contratista encargada de las obras viales.
La fiscalía sostiene que la transferencia presupuestal se ejecutó a pesar de no contar con la opinión técnica favorable del Ministerio de Economía y Finanzas.
De acuerdo con la acusación fiscal, los actos administrativos vulneraron los reglamentos de contratación estatal durante la gestión regional.
Pretensión de la Procuraduría Anticorrupción en el juicio por daño al Estado
La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción solicitó una reparación civil solidaria por la suma de 3680241 soles a ser abonada por los imputados.
El monto requerido busca resarcir el daño patrimonial y extrapatrimonial ocasionado a las arcas del Estado peruano por el proyecto de infraestructura vial. Las autoridades de la procuraduría fundamentan el requerimiento en los perjuicios causados por la asignación presupuestal indebida en la región Junín.
El proceso judicial continuará su desarrollo según el cronograma de audiencias establecido por el juzgado anticorrupción de la corte regional.
De acuerdo con el procedimiento del Poder Judicial, el levantamiento de las órdenes de ubicación no anula la continuidad de las diligencias del expediente. Las partes procesales deberán presentar las pruebas documentales y testimoniales durante las siguientes jornadas programadas por la sala encargada.
Variación de medidas cautelares y antecedentes en el Tribunal Constitucional
El 31 de julio de 2026, el juez Leodan Cristóbal Ayala varió la prisión preventiva de 24 meses dictada contra el procesado por mandato de comparecencia con restricciones por un plazo de 1 año, 11 meses y 7 días.
La resolución judicial dio cumplimiento a una sentencia del Tribunal Constitucional que declaró fundado un recurso de hábeas corpus interpuesto por la defensa del investigado.
El máximo órgano de control constitucional determinó que la medida gravosa carecía de la debida motivación en la causa por presunto financiamiento ilegal de campañas entre 2008 y 2021.
El encausado se mantenía en calidad de no habido desde el 6 de octubre de 2023 debido a una condena por el caso Aeródromo Wanka. Sin embargo, el 26 de marzo de 2026, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia revocó la sentencia previa y dispuso la absolución del exgobernador en dicho proceso penal.
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