Wilfredo Pedraza cuestiona compra de 31 mil pistolas para la PNP y advierte posibles irregularidades

El exministro del Interior Wilfredo Pedraza cuestionó el proceso mediante el cual el Ministerio del Interior adquirió 31 mil pistolas para la Policía Nacional del Perú (PNP) a través de la empresa Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME), al considerar que existen elementos que generan dudas sobre la transparencia y razonabilidad de la contratación.

En entrevista con Canal N, Pedraza precisó que la modalidad de compra mediante FAME está permitida por la legislación vigente; sin embargo, advirtió que ello no exime a las autoridades de realizar un adecuado estudio de mercado ni de garantizar un proceso que permita seleccionar la mejor oferta para el Estado.

"La compra por FAME es legal, pero tiene que haber un proceso que permita una selección adecuada, y eso en este caso no se observa", afirmó.

Cuestiona precio y plazo de entrega

El exministro señaló que uno de los aspectos más llamativos del proceso es que la buena pro se habría otorgado a la empresa que presentó el precio más alto y, además, el plazo de entrega más largo, circunstancias que calificó como difíciles de justificar.

Según explicó, el procedimiento se habría desarrollado en apenas dos días entre la convocatoria publicada en el SEACE y la adjudicación, un plazo que consideró inusualmente breve para una compra de esa magnitud.

Asimismo, sostuvo que el precio pagado por cada pistola Jericho —cercano a los 950 dólares— supera ampliamente los valores que actualmente existen en el mercado para armamento de similares características.

"Hay elementos para evaluar la nulidad"

Pedraza consideró que la contratación podría presentar vicios de nulidad, principalmente por la falta de razonabilidad en la evaluación económica y técnica de las propuestas.

A su juicio, el hecho de que el Estado haya optado por una oferta más costosa, sin una diferencia tecnológica significativa respecto de otras armas disponibles, amerita una revisión del proceso.

Recordó además que durante el año 2015 el Estado adquirió pistolas SIG Sauer para la Policía Nacional a un costo considerablemente menor, lo que —indicó— refuerza la necesidad de justificar técnicamente el precio de la reciente adquisición.

Pago del 100 % también genera dudas

Otro aspecto observado por el exministro fue el desembolso del 100 % del monto contratado antes de la entrega del armamento. Aunque reconoció que la normativa aplicable a este tipo de compras no prohíbe expresamente esa modalidad de pago, sostuvo que no constituye una práctica habitual en las contrataciones públicas y que también debería ser objeto de evaluación.

En caso de comprobarse irregularidades, señaló que el Estado podría declarar la nulidad del contrato y gestionar la devolución de los recursos públicos desembolsados. Respecto a las eventuales consecuencias legales, Pedraza señaló que corresponderá a los órganos de control determinar si existieron responsabilidades administrativas, civiles o penales.

Indicó que la Contraloría General de la República debería investigar el procedimiento y verificar si existió un adecuado estudio de mercado y si las decisiones adoptadas protegieron los intereses del Estado.

Desde el punto de vista penal, señaló que, de comprobarse un direccionamiento indebido del proceso, podrían evaluarse delitos vinculados a una presunta colusión entre funcionarios y proveedores.

Recomienda compras de gobierno a gobierno

Finalmente, el exministro sostuvo que adquisiciones de armamento de gran escala deberían realizarse mediante la modalidad de gobierno a gobierno, al considerar que este mecanismo ofrece mayores niveles de competencia, transparencia y evaluación técnica.

Explicó que este tipo de procesos permite comparar propuestas de distintos países, considerando variables como tecnología, mantenimiento, repuestos, tiempos de entrega y costos, con el objetivo de asegurar la mejor decisión para la Policía Nacional y el Estado peruano.