Zavala: La política de seguridad conllevará a acciones inmediatas

Sobre inseguridad ciudadana, el presidente del Gabinete, Fernando Zavala, afirmó que trabajarán incansablemente para liberar al país de este flagelo. 

“Los ciudadanos están preocupados y asustados por la delincuencia y violencia que asola al país. Los ciudadanos tienen razón, es un problema muy grave y tiene que enfrentarse con fuerza, energía y eficacia”, inició Zavala su exposición en este segundo eje, ante el Congreso de la República. 

El presidente del Consejo de Ministros dijo que se implementará una política de seguridad ciudadana para los próximos 5 años que conlleve a acciones inmediatas y reformas a largo plazo. “Solo con esta combinación de estrategias podemos ir reduciendo el impacto de criminalidad, esto requiere el esfuerzo de muchos actores. Necesitamos el compromiso de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, así como el Ministerio Público, los gobierno regionales, locales y la sociedad”, refirió. 

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Al respecto, mencionó algunas de las acciones que ejecutarán para el cumplimiento del mismo:

-    El programa masivo de recompensas para la captura de criminales en todo el Perú.
-    Ejecución de al menos 30 megaoperativos en diversas ciudades para detectar y capturar a criminales dedicados al robo, hurto, comercialización de droga y crimen organizado.
-    Implementación del patrullaje integrado entre la Policía y el Serenazgo en 7 ciudades del Perú.
-    Evaluación de los comisarios estableciendo criterios objetivos con planes de capacitación.
-    Lanzamiento del plan de las mejores comisarías 2016
-    Apoyo a autoridades regionales y locales en la elaboración de planes de seguridad coherentes y efectivos. 
-    Incorporación de 500 detectives en investigación criminal, capacitados con técnicas modernas y sometidos a rigurosos controles contra la corrupción.
-    Conformación de equipos especiales de inteligencia para casos de alta complejidad apoyados en la tecnología y en coordinación con fiscales y jueces. 
-    Implementación de nuevos y efectivos sistemas de interdicción en cuencas cocaleras.

Zavala indicó que un objetivo en este sector es repotenciar la estrategia antiterrorista en el Vraem, fundamentada en inteligencia humana y electrónica, con una estrategia judicial. “El Vraem no puede seguir como uno de los principales productores de cocaína del mundo”, dijo enfáticamente.

Anunció que se declarará en estado de emergencia el sistema penitenciario del país y se priorizarán acciones para su reforma y modernización, así como para cubrir la brecha de infraestructura existente. 

Sobre el sistema de justicia

Referente al sistema de justicia, afirmó que se trabajará por garantizar su integridad y transparencia. “Tomaremos acciones eficaces para desterrar la arbitrariedad y garantizar los derechos de los ciudadanos con especial atención en los más vulnerables”, fueron sus palabras. 

Mencionó también que se impulsará la suscripción del acuerdo con la justicia en el que participarán el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura, entre otros, creando un espacio de diálogo articulado y con compromisos públicos.

Además, promoverán que el Consejo Nacional de la Magistratura cuente con legitimidad para nombrar y ratificar a jueces y fiscales. 

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Sobre corrupción

Fernando Zavala afirmó que en la gestión no se tolerará ningún tipo de corrupción. “Es necesario ponerle fin a la impunidad, para lograrlo trabajaremos en medidas legislativas, administrativas y prácticas institucionales concretas para combatir la corrupción, acabar con el tráfico de influencias y sancionar los conflictos de intereses”, indicó. 

En ese aspecto, anunció una serie de medidas que implementarán en este sector:

-    Realización de audiencias en todo el país para recabar opiniones que puedan convertirse en respuestas concretas. 
-    Creación de una aplicación para detectar prácticas corruptivas para registrar en tiempo real las coimas a fin de transparentar caminos y atacarla. 
-    Transparentaremos los procesos de corrupción de funcionarios y separarlos del aparato estatal.