Álvarez: Ley de Amnistía debe analizarse desde lo jurídico

La promulgación de la reciente ley de amnistía, que busca beneficiar a miembros de las fuerzas del orden procesados por violaciones a los derechos humanos, ha generado amplias reacciones en el ámbito jurídico.

En entrevista con Canal N, el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez, advirtió que esta norma podría generar un “conflicto grave” entre poderes del Estado y afectar la imagen internacional del Perú.

Álvarez consideró que la iniciativa debería analizarse desde una perspectiva jurídica y no política, y propuso la creación de una comisión especial que revise caso por caso, en lugar de aplicar una medida general que podría derivar en impunidad.

Ley de amnistía y su tensión con el derecho internacional

Según el constitucionalista, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados suscritos por el Perú conforman parte de la “Constitución material”, junto con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Por ello, cualquier norma que los contradiga podría ser inaplicada por los jueces mediante el control difuso.

Aunque reconoció que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede obligar coercitivamente a un Estado, enfatizó que sus resoluciones deben ser acatadas. Ignorar estos compromisos puede afectar la reputación diplomática y generar consecuencias económicas o comerciales.

Asimismo, señaló que la Organización de Naciones Unidas ha perdido prestigio, pero reiteró que la doctrina de derechos humanos rechaza mecanismos generales como amnistías por su potencial uso para el encubrimiento o la impunidad.

Control difuso y funciones de la Junta Nacional de Justicia

Álvarez explicó que los jueces están facultados constitucionalmente para no aplicar leyes que contradigan el ordenamiento jurídico superior. Esto se evidenció en el reciente caso de un magistrado que se negó a aplicar la ley de amnistía en Chumbivilcas, al considerar que vulnera los compromisos internacionales del país.

Sobre la posibilidad de que el Congreso sancione a jueces que no apliquen la norma, como ha sugerido el congresista Fernando Rospigliosi, el expresidente del Tribunal Constitucional indicó que la Junta Nacional de Justicia no puede sancionar a magistrados por aplicar la Constitución. De hacerlo, estas sanciones serían anuladas por medidas cautelares o procesos de amparo.

El especialista subrayó que una intervención del Congreso para condicionar sentencias judiciales configuraría una interferencia peligrosa entre poderes del Estado.

Riesgos para la institucionalidad y la imagen internacional

Álvarez advirtió que la politización de esta norma, especialmente en el último año de gobierno y Congreso, podría deteriorar la institucionalidad y afectar la imagen del país en el escenario hemisférico. “El prestigio del Estado peruano se construye en décadas y puede destruirse en minutos”, remarcó.

Indicó que un posible aislamiento del orden jurídico internacional podría derivar en consecuencias concretas, como restricciones en compras militares o bloqueos comerciales. En ese contexto, mencionó el caso de la adquisición de aviones que podría verse afectado si el Perú es percibido como un Estado que desacata sus compromisos internacionales.

Finalmente, sostuvo que una revisión individual de casos, como se hizo con la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales -CIAS, sería el camino más adecuado para garantizar justicia sin caer en la impunidad.