ONU: Ley de Amnistía en Perú es un retroceso para la justicia

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Volker Türk advirtió que respuestas como la Ley de Amnistía solo generan más tensión, alienación y violencia en la sociedad.

Durante la 60ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, realizada en Suiza, el alto comisionado Volker Türk se pronunció sobre la Ley de Amnistía recientemente aprobada en Perú. En su intervención, calificó la norma como “un retroceso para la justicia y la verdad”, lo que ha intensificado el debate nacional e internacional sobre su legalidad y legitimidad.

Este pronunciamiento se sumó al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), emitido días antes, que ordenó al Estado peruano abstenerse de aplicar la norma hasta que se resuelva el fondo del caso.

Volker Turk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos - Foto: AFP

Pronunciamiento de la ONU sobre la Ley de Amnistía

Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, afirmó que la Ley de Amnistía peruana tiene consecuencias negativas para la sociedad. Señaló que este tipo de respuestas estatales solo generan más tensión y violencia, debilitando el acceso a la justicia.

“La ley de amnistía aprobada el mes pasado en Perú constituye un retroceso para la justicia y para la verdad”, declaró el funcionario. Agregó que “las respuestas bruscas solo conducen a más alienación, malestar y violencia”.

Intervención del Gobierno peruano en la sesión

En la misma ceremonia de apertura de la sesión del Consejo de Derechos Humanos, estuvieron presentes el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, y el viceministro Walther Iberos. Ambos participaron como representantes del Estado peruano, aunque no respondieron directamente a las observaciones del alto comisionado durante el evento.

La presencia de altos funcionarios peruanos en la sesión refleja la atención internacional que ha generado la implementación de la Ley de Amnistía.

Ministro Juan José Santiváñez en 60ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra - Foto: Minjus

Decisión reciente de la Corte IDH

El pasado 3 de septiembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución mediante la cual exige al Estado peruano no aplicar la Ley 32419. Esta ley otorga amnistía a militares, policías y funcionarios involucrados en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.

La Corte IDH basó su decisión en su rol de supervisión sobre las sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta, señalando que la nueva norma podría interferir con la obligación del Estado de garantizar justicia para las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos.

Contenido de la Ley de Amnistía en debate

La Ley 32419 fue aprobada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo el mes pasado. Esta norma permite cerrar procesos judiciales contra personal militar, policial y de comités de autodefensa, siempre que las acciones hayan sido realizadas durante la lucha contrasubversiva.

El texto ha sido criticado por organismos internacionales, organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad civil, que consideran que podría promover la impunidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos.

Respuesta oficial del Gobierno a la Corte IDH

El 6 de septiembre, el Gobierno peruano emitió un comunicado calificando de “inaceptable” la decisión de la Corte IDH. En el documento, se argumentó que el Sistema Interamericano tiene carácter subsidiario y complementario, por lo que no puede intervenir si no se ha agotado la jurisdicción interna.

La declaración reiteró la postura del Ejecutivo sobre la soberanía del Estado peruano en la administración de justicia, cuestionando el alcance de las medidas provisionales dictadas por la Corte.

Contexto legal y casos relacionados

La Corte IDH incluyó en su decisión la necesidad de impedir que la Ley de Amnistía tenga efectos jurídicos hasta que se resuelva el pedido de los deudos de las víctimas en los casos Barrios Altos y La Cantuta. En ambas sentencias, el tribunal interamericano ha insistido en la obligación del Estado peruano de investigar, juzgar y sancionar a los responsables.

Estas decisiones forman parte del seguimiento a condenas anteriores del Perú por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto interno.

Reacciones en el ámbito nacional e internacional

Diversos sectores nacionales e internacionales han expresado preocupación por las implicancias legales y políticas de la Ley de Amnistía. Organizaciones defensoras de derechos humanos han pedido al Congreso su derogatoria, mientras que expertos legales han advertido sobre su incompatibilidad con normas constitucionales e internacionales.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó la Ley de Amnistía peruana como un retroceso para la justicia y la verdad, durante la 60ª sesión del Consejo de Derechos Humanos. En paralelo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado peruano abstenerse de aplicar la norma, en el marco de los casos Barrios Altos y La Cantuta. El Gobierno rechazó la medida y cuestionó su legalidad. El debate continúa en medio de críticas nacionales e internacionales a la ley recientemente aprobada.

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