Rospigliosi pide sanción a jueces que inapliquen Ley de Amnistía
El congresista y primer vicepresidente del Parlamento solicitó a la Junta Nacional de Justicia sancionar a jueces que rechacen aplicar la Ley de Amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas.
Un reciente fallo del Poder Judicial que declaró infundado el pedido para aplicar la Ley de Amnistía a ocho exmilitares acusados de violaciones a derechos humanos ha generado una respuesta inmediata desde el Congreso. El primer vicepresidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, solicitó públicamente la intervención de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para sancionar a los magistrados que, en su opinión, incumplen con aplicar leyes vigentes.
La ley, impulsada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo, ha sido objeto de críticas desde su aprobación, incluyendo una disposición expresa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que solicita al Estado peruano abstenerse de aplicarla.
Decisión judicial sobre la inaplicación de la ley
El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Leodan Cristóbal, resolvió inaplicar la Ley de Amnistía en un proceso penal contra ocho exmiembros del Ejército. La medida fue adoptada bajo el principio de control difuso, con el argumento de que la norma resulta inconstitucional y contraria a los tratados internacionales suscritos por el Perú.
El juez consideró que las solicitudes de excepción de amnistía debían ser rechazadas, pues impiden el esclarecimiento de los hechos denunciados mediante el proceso judicial ordinario.
Cargos contra los acusados en el caso Chumbivilcas
El caso involucra a ocho exmilitares procesados por presuntos delitos de abuso de autoridad, tortura y violación sexual en perjuicio de quince comuneros de las provincias de Antabamba (Apurímac) y Chumbivilcas (Cusco), en hechos ocurridos en 1990. Entre los acusados figuran los oficiales Jaime Manuel Pando Navarrete, Alan Olivari Medina, Mario Cruz Porcela y otros cinco militares.
Según la acusación fiscal, los actos cometidos durante operativos contrasubversivos implicaron detenciones arbitrarias, torturas sistemáticas y agresiones sexuales contra mujeres comuneras.
Pronunciamiento de Fernando Rospigliosi
Ante esta decisión judicial, el congresista Fernando Rospigliosi, promotor de la ley en su rol de presidente de la Comisión de Constitución, calificó de “prevaricadores” a los magistrados que no aplican la norma. Indicó que la Junta Nacional de Justicia debería intervenir para sancionar a los jueces que, a su juicio, actúan en contra de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
Rospigliosi declaró que se requiere una reforma integral del sistema judicial y acusó a los magistrados de favorecer a “terroristas y delincuentes” mediante sus resoluciones.
Reiteración de denuncias ante la Junta Nacional de Justicia
No es la primera vez que el parlamentario dirige calificativos similares a jueces que fallan en contra de la aplicación de la ley. En agosto pasado, presentó una denuncia ante la JNJ contra el magistrado Richard Concepción Carhuancho por una decisión similar en un caso ocurrido en Ayacucho en 1984.
En esa ocasión, alegó que los jueces de primera instancia no tienen competencia para aplicar el control difuso, lo cual, según su interpretación, corresponde únicamente a sentencias emitidas por cortes superiores.
Argumentos judiciales sobre la inaplicación
En el fallo más reciente, el juez Cristóbal argumentó que la Ley de Amnistía resulta incompatible con los compromisos internacionales del Estado peruano en materia de derechos humanos. Sostuvo que, al limitar el acceso a la verdad y la justicia, la norma vulnera principios fundamentales establecidos en la Constitución y en tratados ratificados por el Perú.
La resolución remarca que el proceso penal debe continuar para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades respectivas.
Reacción de la defensa de los exmilitares
La defensa de los imputados anunció que apelará la decisión judicial ante una instancia superior. Alegan que la Ley de Amnistía fue aprobada legítimamente por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo, por lo que su aplicación debería ser obligatoria para todos los jueces del país.
Además, calificaron de injerencia internacional la postura de la Corte IDH, y señalaron que las acusaciones corresponden a hechos ocurridos hace más de tres décadas, en el contexto del conflicto armado interno.
Contexto político y judicial de la Ley de Amnistía
La Ley de Amnistía fue promulgada en Palacio de Gobierno por la presidenta Dina Boluarte en medio de fuertes críticas nacionales e internacionales. Organismos de derechos humanos y la comunidad jurídica han advertido que esta norma podría favorecer la impunidad en casos graves.
Por su parte, el Congreso ha defendido la iniciativa como un reconocimiento a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.
El congresista Fernando Rospigliosi pidió a la Junta Nacional de Justicia sancionar a los jueces que inaplican la Ley de Amnistía, luego que un magistrado rechazara aplicarla a ocho exmilitares acusados de violaciones a derechos humanos en Apurímac y Cusco en 1990. La decisión judicial se basó en control difuso y en tratados internacionales. Rospigliosi calificó a los jueces como “prevaricadores” y exigió una reforma del sistema. El caso, que involucra delitos como tortura y abuso sexual, continuará su curso en el Poder Judicial.
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