Corte IDH ordena suspender aplicación de ley de amnistía en Perú

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ratificó la resolución de medidas urgentes adoptada en julio de 2025, mediante la cual dispuso que las autoridades peruanas se abstengan de aplicar la Ley 32419, que concede amnistía a militares, policías y funcionarios sin sentencia firme por hechos vinculados con la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.

El tribunal internacional ordenó que esta norma no tenga efectos jurídicos mientras se resuelve de manera definitiva la solicitud de ampliación de medidas provisionales vinculada a los casos Barrios Altos y La Cantuta. Ambos procesos son emblemáticos en la supervisión de cumplimiento de sentencias emitidas desde 2002 y han dado lugar a varias resoluciones de supervisión y medidas provisionales en los últimos años.

Supervisión de casos Barrios Altos y La Cantuta

En su decisión, la Corte recordó que ya había emitido resoluciones de seguimiento entre 2002 y 2018, así como medidas provisionales y de suspensión de cumplimiento de sentencia entre 2022 y 2024. Estas disposiciones buscaron garantizar el derecho de las víctimas y familiares a acceder a la justicia y evitar retrocesos en los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano.

En julio de 2024, la Corte también dispuso medidas cautelares frente al debate del proyecto de ley 6951, que pretendía precisar los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana. Las representantes de las víctimas advirtieron entonces que dicha iniciativa constituía un desacato abierto a las obligaciones internacionales del Perú.

El tribunal internacional tomó nota de la carta enviada el 5 de julio de 2024 por la presidenta de la República y el entonces presidente del Congreso, remitida a través de la embajada peruana en Costa Rica. En dicho documento, ambos reafirmaron la adhesión del país al sistema interamericano de protección de los derechos humanos y ratificaron el compromiso con la Convención Americana.

Implicancias de la resolución

Con esta decisión, la Corte IDH mantiene suspendida la aplicación de la Ley 32419 hasta pronunciarse sobre el fondo del pedido de medidas provisionales. La resolución busca asegurar que no se vulneren los derechos de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, y que el Estado peruano cumpla con las sentencias ya emitidas por el tribunal en materia de crímenes de lesa humanidad.