Defensoría del Pueblo demanda ante TC la ley de amnistía
Josué Gutiérrez interpuso demanda contra la ley de amnistía en el TC. Advirtió que vulnera la Constitución, la Convención Americana y promueve impunidad en casos de violencia política.
El Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía que beneficia a procesados o condenados por delitos cometidos durante la lucha contra el terrorismo. El recurso busca que la norma quede sin efecto por vulnerar derechos fundamentales y compromisos internacionales asumidos por el Perú.
La demanda fue ingresada el 12 de septiembre y cuestiona la Ley 32419, promulgada por el Ejecutivo en agosto pasado tras su aprobación en el Congreso.
¿Qué argumentos presentó el Defensor del Pueblo?
Según el documento presentado por la Defensoría, la ley de amnistía vulnera derechos como la igualdad, la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas. También afecta el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.
La demanda invoca el artículo 55 y la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución, además de la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados internacionales suscritos por el Estado peruano.
Para el sistema interamericano de derechos humanos, la norma representa un retroceso en el acceso a la justicia y promueve la impunidad.
¿Qué efectos tendría la ley de amnistía?
De mantenerse vigente, la ley de amnistía beneficiaría a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.
El texto aprobado dispone que los jueces no podrán inaplicar la norma, incluso en casos donde se investiguen crímenes graves. Esto, según familiares de víctimas como las del caso La Cantuta, podría significar la denegación de justicia.
Por ello, las familias advirtieron que, si el pleno del Tribunal Constitucional no alcanza los cinco votos necesarios, la norma quedaría vigente y sería obligatoria.
¿Qué busca la demanda presentada?
El Defensor del Pueblo solicitó al Tribunal Constitucional declarar fundada la demanda de inconstitucionalidad y retirar la ley del ordenamiento jurídico.
Gutiérrez señaló que el Perú tiene la obligación de garantizar los derechos de las víctimas conforme a la Constitución y a los tratados internacionales.
La demanda insiste en que el país no puede aprobar normas que limiten el acceso a la justicia ni que desconozcan fallos del sistema interamericano.
¿Qué antecedentes tiene la ley de amnistía?
El 13 de agosto, la presidenta Dina Boluarte firmó la promulgación de la Ley 32419 durante una ceremonia en Palacio de Gobierno. Al día siguiente, el texto fue publicado en el diario oficial El Peruano.
En su discurso, la mandataria afirmó que la medida rendía homenaje a quienes combatieron el terrorismo y que muchos cargaron con “juicios interminables” y “acusaciones injustas”.
La ley, sin embargo, ha generado controversia por el impacto que tendría en procesos judiciales relacionados con violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno.
¿Qué consecuencias se prevén en el plano internacional?
El documento de la Defensoría recuerda que el Estado peruano es parte de tratados internacionales que obligan a investigar y sancionar violaciones de derechos humanos.
La aprobación de la ley de amnistía podría exponer al Perú a cuestionamientos en el sistema interamericano de derechos humanos y ante la Corte Interamericana.
De confirmarse su aplicación, el país podría ser señalado por incumplir obligaciones internacionales en materia de justicia y reparación de víctimas.
El Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, presentó ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo. La norma, vigente desde agosto, concede beneficios a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía y comités de autodefensa por hechos cometidos en la lucha contra el terrorismo. La demanda advierte que la ley vulnera derechos fundamentales y tratados internacionales. Familiares de víctimas alertaron que, si el TC no reúne cinco votos, la norma seguirá en vigor.
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