CAL rechaza fallo de TC que avala prescripción de crímenes graves

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) expresó su rechazo a la resolución del Tribunal Constitucional (TC) que avaló la constitucionalidad de la Ley 32107, norma que permite la prescripción de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. En su comunicado, el gremio señaló que esos delitos son imprescriptibles según tratados internacionales vigentes desde la Segunda Guerra Mundial.

El pronunciamiento de la organización se produjo tras conocerse que el Tribunal Constitucional no alcanzó los votos requeridos para declarar inconstitucionales las demandas presentadas contra la ley. Por ello, la norma continúa vigente en sus términos actuales. El CAL exhortó al Estado a asegurar que los procesos penales en curso cumplan con el principio del debido proceso.

Motivos del rechazo del CAL

El CAL recordó que en los tratados internacionales ratificados por el Perú los crímenes de lesa humanidad y de guerra son imprescriptibles independientemente de la fecha en que se cometieron.

Señaló que esos instrumentos tienen carácter de norma imperativa (ius cogens) y que su regulación debería primar sobre cualquier norma interna que pretenda limitarlos.

La organización subrayó los argumentos de los magistrados disidentes —quienes declararon inconstitucional la ley— y coincidió con su interpretación de que la imprescriptibilidad debería aplicarse retroactivamente.

Según el CAL, limitar la persecución penal de estos delitos en función de una fecha de vigencia vulnera compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano.

Decisión del Tribunal Constitucional

La Ley 32107 fue objeto de dos demandas de inconstitucionalidad presentadas por el CAL y el Ministerio Público. Ambas fueron declaradas infundadas; el TC consideró constitucional la norma en una decisión que no alcanzó la mayoría necesaria para invalidarla.

Cuatro magistrados votaron en favor de mantenerla con una interpretación restrictiva, y tres se opusieron.

Como consecuencia, la ley mantiene su vigencia. Pero la norma prevé que los crímenes de lesa humanidad y guerra solo se apliquen a hechos ocurridos a partir del 1 de julio de 2002, fecha en que entró en vigor el Estatuto de Roma.

Para delitos anteriores, se aplicaría el Código Penal de 1991, con sus plazos de prescripción.

Solicitud al Estado de respetar procesos pendientes

El CAL exigió al Estado garantizar que los procesos penales hoy en curso por crímenes graves se conduzcan con todas las garantías del debido proceso y dentro de plazos razonables.

Alertó que la norma podría abrir espacios a la impunidad si se interpreta de forma que bloquee investigaciones por delitos anteriores a 2002.

Asimismo, instó al Congreso de la República a revisar la legislación penal y adecuarla a los estándares internacionales sobre imprescriptibilidad, tal como lo plantearon los magistrados disidentes del TC.

Impacto sobre la justicia en casos de derechos humanos

La decisión del TC y el respaldo legal a la Ley 32107 reactivaron el debate sobre la persecución de violaciones graves a los derechos humanos cometidas antes del 2002. Organismos de la sociedad civil y víctimas de esos hechos podrían ver afectada la posibilidad de que sus causas sean investigadas y sancionadas.

El pronunciamiento del CAL pone en evidencia la tensión entre las normas internas y los compromisos internacionales en materia de justicia transicional y derechos humanos. Además, resalta la necesidad de garantizar que los procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad mantengan su vigencia.

El Colegio de Abogados de Lima rechazó la decisión del Tribunal Constitucional que avala la Ley 32107, norma que permite la prescripción de crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002. En su comunicado, el CAL recordó que esos crímenes son imprescriptibles según tratados internacionales ratificados por el Perú. La ley seguirá vigente luego de que el Tribunal no consiguiera los votos necesarios para invalidarla. El gremio exhortó al Estado a asegurar el debido proceso en los casos pendientes y pidió al Congreso revisar la legislación penal para ajustarla a estándares internacionales de justicia.