INPE dice que Betssy Chávez rechazó atención médica tras huelga
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que la exjefa del Gabinete Ministerial, Betssy Chávez, rechazó dos revisiones médicas tras permanecer tres días en huelga de hambre seca. El comunicado oficial de la institución, emitido el 25 de agosto, señala que la interna se negó tanto a una evaluación inicial como a la medición de signos vitales, pese a haber sido advertida sobre los riesgos clínicos.
El caso ha motivado la intervención de instituciones como la Fiscalía de Prevención del Delito y la Defensoría del Pueblo, quienes fueron notificadas sobre la negativa de la interna a recibir atención médica. El INPE indicó que ha dispuesto el monitoreo permanente del estado de salud de Chávez dentro del penal Anexo Mujeres de Chorrillos.
Negativa a ser evaluada y firma de consentimiento informado
De acuerdo al Comunicado Nº 046-2025-INPE, la exprimera ministra rechazó la primera revisión médica realizada por el personal de salud del penal.
Tras explicarle los riesgos, se procedió a la firma del consentimiento informado. Posteriormente, en una segunda visita médica realizada a las 7:50 p.m., también se negó a la atención ofrecida.
El informe destaca que, ante esta situación, se activó el monitoreo constante del estado físico de la interna.
Esta medida fue adoptada en cumplimiento de los protocolos penitenciarios frente a huelgas de hambre prolongadas y ante los potenciales efectos adversos de la falta de alimentos y líquidos.
Intervención de otras instituciones
El INPE informó que tanto la Fiscalía de Prevención del Delito de Villa El Salvador como la Defensoría del Pueblo fueron puestas en conocimiento sobre la decisión de la interna.
La medida busca garantizar que los organismos de control estén al tanto de la situación para que puedan intervenir, de ser necesario, en defensa de los derechos fundamentales.
Fundamento de la huelga y manuscrito firmado por Chávez
Más temprano ese mismo día, el abogado de Chávez, Raúl Noblecilla, difundió un documento en el que la interna afirma haber iniciado la huelga como medida de protesta por lo que considera una falta de protección dentro del penal.
En el manuscrito firmado por la propia Chávez, se señala que el motivo de la protesta es el incumplimiento de medidas solicitadas por ella respecto al traslado de otras internas que, según su versión, representarían una amenaza para su seguridad personal.
En dicho texto, Chávez afirmó que las internas mencionadas estarían vinculadas con gestiones que colaboraron con Sendero Luminoso desde el pabellón A del penal.
Aseguró que esta situación había sido denunciada previamente y que, pese a ello, no se tomaron acciones.
Solicitudes de traslado conjunto y respuesta administrativa
El comunicado del INPE también informa que Chávez, junto a dos internas más, solicitó formalmente su traslado a otro penal de manera conjunta.
No obstante, el reglamento del Código de Ejecución Penal establece que este tipo de pedidos deben hacerse de forma individual. A pesar de ello, la Oficina Regional Lima ha indicado que la solicitud se encuentra en evaluación.
Asimismo, mediante el Oficio N.º 185-2025-INPE/ORL-EPAMCH-D, remitido a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, se informó que no se hallaron pruebas que corroboren las denuncias de amenazas o maltrato por parte de otras internas hacia Chávez.
La evaluación concluyó que no existen elementos objetivos que justifiquen medidas especiales.
Cuestionamientos sobre investigaciones internas en el penal
La interna ha manifestado en reiteradas ocasiones su desconfianza en los procesos internos llevados a cabo dentro del establecimiento penitenciario.
Chávez sostiene que las autoridades responsables de investigar los hechos también son las que habrían cometido las supuestas irregularidades.
Entre las personas señaladas se encuentran la jefa de seguridad, Elvia Córdoba Mondragón; la directora del penal; y personal de la Oficina del Órgano Técnico de Tratamiento (OTT).
Por ese motivo, ha solicitado que las investigaciones sean asumidas por la Oficina de Control Interno del INPE para garantizar objetividad.
Limitaciones en la comunicación con el exterior
Durante una audiencia judicial realizada días atrás, Chávez declaró que existen restricciones horarias que dificultan la comunicación con el Ministerio Público o la Policía Nacional.
Señaló que después de las seis de la tarde no es posible realizar llamadas desde el penal, lo cual agrava la situación ante eventuales emergencias.
“Cuando ya se pone en riesgo mi vida, yo ya la verdad no sé cómo acudir, porque ni siquiera tenía la oportunidad de llamar a la Policía ni al Ministerio Público para que puedan acudir, ya que después de las 6:00 p. m. no se puede utilizar los teléfonos”, dijo durante la audiencia.
Evaluación de su traslado y vigilancia permanente
El jefe del INPE, Iván Paredes, confirmó que el pedido de traslado formulado por Chávez ha sido recibido y se encuentra en evaluación. Indicó, sin embargo, que la decisión final no recae exclusivamente sobre su despacho.
Actualmente, Chávez cumple prisión preventiva en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos, en el marco del proceso judicial por los hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2022.
El INPE ha ratificado que se están aplicando los protocolos correspondientes para monitorear su salud y garantizar el respeto a sus derechos.
El INPE informó que Betssy Chávez rechazó dos revisiones médicas tras tres días de huelga de hambre seca. Se le ofreció atención y se activó monitoreo permanente. La Fiscalía y la Defensoría del Pueblo fueron informadas. Chávez denunció amenazas dentro del penal y pidió traslado junto a otras internas, solicitud que está en evaluación. El INPE descartó evidencias de maltrato. Además, cuestionó las investigaciones internas por falta de imparcialidad. Iván Paredes, jefe del INPE, confirmó que el caso continúa en evaluación por las instancias correspondientes.