Congreso: ley sobre financiamiento de partidos genera discrepancias

La Junta de portavoces amplió la agenda parlamentaria para que puedan debatir un proyecto de ley de la comisión de Justicia que impida a la Fiscalía investigar el financiamiento de los partidos políticos. Según lo planteado por esta comisión de trabajo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) debería ser la encargada de realizar las auditorías.

Para la congresista de Nuevo Perú Marisa Glave, el dictamen viola un principio constitucional básico que es otorgar al Ministerio Público la potestad de investigar de parte alguna irregularidad. “Con esta disposición lo que se hace es obligar a la ONPE hacer un primer informe y recién de ahí se haga una investigación fiscal, esto les cortaría las manos. Por ejemplo, al partido de Keiko Fujimori, la ONPE dijo que no había problemas con la información presentada, pero tras las investigaciones se encontró un tema delicado y grave”.

Asimismo, señaló que con este proyecto se pretende reducir las penas privativas que estén vinculadas a lavado de activos. “Actualmente, por este delito, según el Decreto Legislativo 1106, la pena mínima es de 8 años y la máxima de 15 años, pero con este cambio se busca que la sanción mínima sea de 6 años y la mayor de 13 años”.

Finalmente, mencionó que este proyecto deja abierta la parte general de financiamiento de partidos políticos, ya que equipara el hecho de no presentar información financiera con el llevar equivocadamente un registro. 

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