Pablo Monroy: “Los casos de Betssy Chávez y Pedro Castillo están conectados”

El director general para América del Sur de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Pablo Monroy, afirmó que los casos de Betssy Chávez y Pedro Castillo están “totalmente conectados” y que ambos fueron objeto de acoso político, racismo y procesos judiciales irregulares.

“Betssy Chávez fue la primera ministra del presidente Pedro Castillo en el momento en que fue destituido. Ambos casos están relacionados y se originan en un mismo contexto de persecución”, indicó Monroy durante una exposición pública.

Defensa de la legitimidad del mandato de Castillo

El funcionario mexicano recordó que Pedro Castillo fue elegido democráticamente en 2021 y que, incluso antes de asumir el cargo, ya enfrentaba intentos de deslegitimación.

“Desde antes de su juramentación hubo una campaña para impedir que llegara a la presidencia. Se contrataron despachos de abogados para anular votos del sur andino”, afirmó.

Monroy sostuvo que durante los 16 meses de gobierno, Castillo fue víctima de “constantes ataques políticos, intentos de vacancia y discursos racistas”.

“Fue acusado falsamente de traición a la patria por una declaración y sometido a inspecciones en Palacio de Gobierno, algo que no se había visto con ningún presidente en funciones”, agregó.

“Su destitución violó el reglamento del Congreso”

Según el diplomático, el Congreso peruano destituyó a Castillo sin reunir los votos necesarios, retirándole el fuero constitucional “en violación de su propio reglamento”.

“El Poder Judicial dictó prisión preventiva por rebelión, pese a que no hubo alzamiento armado, requisito fundamental del delito”, precisó.

Monroy cuestionó que Castillo haya pasado dos años detenido sin que se iniciara su juicio, y afirmó que las irregularidades en el proceso “constituyen violaciones a derechos humanos”.

Betssy Chávez también habría sufrido persecución

Respecto a Betssy Chávez, Monroy explicó que enfrenta acusaciones similares a las de Castillo, incluyendo los delitos de rebelión y conspiración, pese a que, según dijo, los hechos “no se ajustan a la realidad”.

“La señora Chávez manifestó haber sido víctima de abusos durante su detención, al punto de que un tribunal peruano le otorgó un amparo para su liberación condicional. Posteriormente, solicitó asilo diplomático a México, que analizó el caso y determinó que existían elementos suficientes para concederlo”, indicó.

México afirma que actuó conforme al derecho internacional

El diplomático mexicano defendió la decisión de su gobierno, señalando que el asilo fue otorgado “en estricto apego al derecho internacional y nacional”.

“El delito de rebelión es considerado político en muchas legislaciones, por lo que el asilo procede. No se trata de un delito común, sino de un acto con motivación política”, explicó Monroy.

Agregó que México actuó conforme a la Convención de Caracas sobre Asilo Político de 1954 y a su tradición humanista en materia de refugio y protección internacional.

“México no interviene en los asuntos internos del Perú”

Monroy rechazó que la postura de su país constituya una injerencia en la política peruana. “México no ha intervenido ni ha obligado al Perú a modificar sus decisiones. Nuestra posición es de principio y coherente con nuestra política exterior”, remarcó.

Asimismo, recordó que, a pesar de las tensiones diplomáticas, México no respondió con medidas recíprocas cuando el Perú declaró persona non grata al embajador mexicano en 2022. “No hicimos lo mismo porque mantenemos respeto y afecto por el pueblo peruano”, señaló.

El funcionario concluyó asegurando que México seguirá actuando con base en su tradición de asilo y su política exterior pacífica. “No hemos actuado con hostilidad, sino con un sentido humanitario y de respeto. Tenemos un profundo amor por el pueblo peruano”, afirmó.