PJ ordena inicio de juicio oral contra Cerrón, Bermejo y Bellido
El Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria inicia juicio oral por cargos de terrorismo y obstrucción contra líderes políticos. Fiscalía atribuye uso de material ideológico del MPCP.
El Poder Judicial dispuso el inicio del juicio oral contra once personas, entre ellas el exgobernador Vladimir Cerrón y los congresistas Guillermo Bermejo y Guido Bellido, por el presunto delito de afiliación al terrorismo. El proceso también incluye cargos por obstrucción a la investigación fiscal en el marco del caso vinculado al grupo Sendero Luminoso.
La decisión fue adoptada por el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, a cargo del juez Wilson Verástegui Gálvez, mediante auto de enjuiciamiento emitido el 9 de octubre de 2025.
La acusación fue formulada por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Terrorismo del Distrito Fiscal de Huánuco.
Inicio del juicio oral por decisión judicial del 9 de octubre
La resolución judicial da curso al juicio oral contra los once implicados, entre ellos Vladimir Cerrón, Guillermo Bermejo y Guido Bellido, por presunta afiliación a organización terrorista y por intentar impedir el avance de la investigación fiscal.
El Ministerio Público también ha imputado a otros miembros de la organización denominada Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP), facción de Sendero Luminoso.
Según el documento, el juicio oral se iniciará ante un juzgado penal colegiado y fue dispuesto tras validarse los elementos formales y materiales de la acusación fiscal, incluyendo las pruebas testimoniales, documentales y periciales admitidas por el juez.
Presunta afiliación al Militarizado Partido Comunista del Perú
La primera imputación gira en torno a la supuesta afiliación a una organización terrorista, en agravio del Estado peruano.
El Ministerio Público sostiene que Víctor Quispe Palomino, alias “José”, y Florabel Vargas Rojas, alias “Vilma”, dirigentes del MPCP, habrían ordenado la distribución de material ideológico en memorias USB a dirigentes políticos.
Los USB habrían sido entregados a figuras como Vladimir Cerrón y Guido Bellido, con la finalidad de expandir las bases del MPCP y promover la instauración de un nuevo Estado socialista mediante la lucha armada.
La presunta vinculación se habría dado a través de coordinaciones con emisarios del grupo.
Acusación fiscal contra Guillermo Bermejo y Guido Bellido
En el caso de Guillermo Bermejo, la Fiscalía sostiene que habría integrado el MPCP como cuadro nativo, realizando funciones de enlace y captación de líderes políticos entre 2017 y 2018.
También se le atribuye la coordinación de vínculos con dirigentes sociales para ampliar la base política del grupo.
En cuanto a Guido Bellido, el Ministerio Público indica que habría recibido memorias USB con contenido ideológico en 2018, frente a la Universidad Nacional del Cusco. El material contenía documentos de la denominada Escuela de Cuadros del Partido, supuestamente enviados por Vargas Rojas.
Cargos de obstrucción a la investigación fiscal
El segundo hecho imputado es por obstrucción a la investigación, en el que nuevamente se incluye a Vladimir Cerrón, junto a Jhon Benites Tangoa, Néstor Orlando Viera Fiestas, Ana María Córdova Capucho y Francisco Jaime Jara Aguirre. Según la Fiscalía, los acusados intentaron evitar la declaración de un testigo clave ofreciendo dinero, asilo político y protección.
El testigo, identificado como Bobby Eddy, habría recibido S/1,000 como adelanto a cambio de su silencio. Las reuniones ocurrieron los días 20 y 21 de septiembre de 2021, en la Plaza San Martín y un local de sauna, donde también se le habría proferido una amenaza de muerte.
Penas solicitadas por el Ministerio Público
El Ministerio Público ha solicitado penas severas. Para Quispe Palomino y Vargas Rojas, se ha pedido cadena perpetua, mientras que para Cerrón, Bermejo y Bellido, la pena solicitada es de 20 años de prisión. En el caso de Cerrón, la suma de los cargos por terrorismo y obstrucción eleva la pena solicitada a 25 años.
También se han solicitado multas económicas y reparaciones civiles por montos que oscilan entre S/30,000 y S/100,000, además de inhabilitación permanente en los casos de terrorismo y por dos años para quienes enfrentan cargos de obstrucción.
Detalles del material probatorio admitido
El juez Wilson Verástegui admitió las pruebas testimoniales de colaboradores eficaces y testigos con claves reservadas, así como documentación oficial, como informes de la DIRCOTE, actas fiscales y reportes migratorios. También se admitieron actas de entrega de los USB a los implicados.
Se incluyeron también pruebas de descargo presentadas por las defensas, como reportes migratorios, certificados laborales, pruebas documentales y publicaciones en redes sociales que buscan demostrar la presencia de algunos acusados fuera del país durante el periodo imputado.
Roles individuales y estructura organizativa del MPCP
La Fiscalía ha estructurado la acusación en torno a la existencia de un frente político-militar, impulsado por el MPCP, con supuestos vínculos con líderes regionales y partidos políticos. El objetivo sería expandir la base política de la organización y consolidar su proyecto de toma del poder por vía armada.
Las imputaciones también incluyen el intento de establecer vínculos internacionales para la adquisición de armas, así como la articulación entre elementos doctrinarios y políticos para reforzar la ideología de la agrupación.
El Poder Judicial dispuso el inicio de juicio oral contra Vladimir Cerrón, Guillermo Bermejo, Guido Bellido y otros ocho acusados por presunta afiliación a la organización terrorista Sendero Luminoso y obstrucción a la investigación fiscal. La Fiscalía atribuye la entrega de material ideológico de dicho grupo a los imputados y busca penas de hasta cadena perpetua. El proceso incluye acusaciones de coordinaciones con testigos para evitar su testimonio. El caso será evaluado por un juzgado penal colegiado, tras admitirse pruebas de ambas partes, incluyendo informes oficiales, declaraciones de testigos, y documentos que detallan las imputaciones individuales y colectivas.