San Isidro denunció que MML borró intervenciones artísticas en cruces peatonales
Esta madrugada, la Municipalidad de Lima borró las intervenciones artísticas en los cruces peatones del centro empresarial de San Isidro. Estas fueron realizadas el pasado abril con el objetivo de sensibilizar a la población en el uso de la línea peatonal.
Según indicó Karina Vargas, gerente municipal de San Isidro, se trataba de una intervención temporal, la cual fue borrada sin la presentación de ningún documento que lo justifique. “Nosotros les hemos solicitado el documento que sustentaba esta intervención y en ningún momento lo adjuntaron y no creo que lo puedan adjuntar”, sostuvo.
LEE: Paro de transportistas: Municipalidad de Lima sostiene que se acata al 20%
Explicó también que la Policía Nacional envió a la Municipalidad de San Isidro un documento donde sostienen que la intervención era antirreglamentaria. Refirió que se les envió una respuesta con la explicación y el sustento de la intervención artística; sin embargo, no obtuvieron respuesta.
“El viernes nos llega una notificación de la Municipalidad de Lima, donde efectivamente hace referencia a que la Policía envío un informe indicando que esta intervención era antirreglamentaria y en función a eso la Municipalidad de Lima nos notifica una resolución donde inicia un proceso sancionador”, detalló.
Pero Vargas cuestionó este proceso ya que se trata de intervenciones en vías distritales. Agregó que esa misma resolución daba cinco días de plazo para que le municipalidad pueda emitir un descargo, plazo que se cumple este viernes 22 de junio.
LEE: Castañeda: Los retrasos en obras no son imputables a la Municipalidad de Lima
“Este plazo no se cumplió, por eso no pudieron adjuntar las personas que han intervenido algún documento que sustente el trabajo que están haciendo y algo bien importante en la presunta infracción; la medida provisional que nos aplican es el tema de paralización, en ningún momento dice restituir al estado anterior”, dijo.
Resaltó que han colocado una denuncia contra los funcionarios que pudieron identificar como responsables por “abuso de autoridad y por daño a la propiedad”.