Agricultor peruano demanda a empresa alemana y crea precedente

Un agricultor andino ha logrado lo que muchos consideraban imposible: que un tribunal europeo reconozca la posible responsabilidad legal de una empresa extranjera por daños vinculados al cambio climático.

El protagonista es Saúl Luciano Lliuya, un campesino de Huaraz que en 2015 inició una demanda contra la energética alemana RWE, una de las principales emisoras de dióxido de carbono en el mundo.

Luciano Lliuya no consiguió la compensación económica que reclamaba para proteger su ciudad del desborde de una laguna glacial, pero sí consiguió un precedente jurídico.

Marca un antes y después

La Corte de Apelaciones de Hamm, en Alemania, determinó que si bien no había evidencia suficiente para ordenar el pago de una indemnización, existía un principio de responsabilidad que puede ser considerado en casos futuros.

El caso se centró en la laguna Palcacocha, ubicada en la región de Áncash. Esta laguna ha crecido en volumen como consecuencia del derretimiento acelerado de los glaciares, un fenómeno directamente asociado al calentamiento global.

Luciano Lliuya argumentó que las actividades de empresas como RWE han contribuido a esta crisis y que, por tanto, deben asumir parte de los costos para prevenir desastres naturales en comunidades vulnerables.

El fallo de la corte no fue favorable en términos económicos, ya que se estableció que el riesgo era inferior al 1 %. Sin embargo, lo más importante para el agricultor fue el reconocimiento de que las empresas emisoras pueden tener responsabilidad extraterritorial por los efectos ambientales de sus operaciones. 

¿Qué argumentó la justicia alemana?

Además, el tribunal rechazó el argumento de la defensa que señalaba que la distancia geográfica entre Alemania y Perú impedía una conexión legal. Para los magistrados, el carácter global del daño ambiental justifica que una empresa sea juzgada incluso si los efectos de sus emisiones se manifiestan en otro continente.

Este pronunciamiento ha sido considerado como un hito en la justicia climática. Si bien el agricultor no obtuvo el resultado que esperaba, sentó una base legal que podría ser usada por otras comunidades afectadas por el cambio climático.

Su caso abre la puerta a futuras demandas y obliga a las grandes empresas a considerar el impacto de sus operaciones más allá de sus fronteras.

Saúl Luciano ha manifestado su satisfacción con el resultado. “No es solo por mí. Es por muchas personas que también sufren el impacto del cambio climático y que ahora tienen una herramienta legal para defenderse”, señaló en declaraciones tras conocer la decisión del tribunal.