Rousseff: "Esto es un golpe", confío en que la población sabrá decirle 'no'

La presidenta Dilma Rousseff aseguró el jueves que "está en juego el respeto a las urnas" y la Constitución, en su primer discurso público tras ser suspendida por el Senado de Brasil para ser sometida a un juicio político. Calificó de "golpe" la medida en su contra.

"Lo que está en juego no es apenas mi mandato, lo que está en juego es el respeto a las urnas, a la voluntad soberana del pueblo brasileño y la Constitución", afirmó en una declaración en el Palacio de Planalto ante decenas de periodistas y funcionarios.

Asimismo, descartó que haya cometido actos corruptos o irregulares en su gobierno. Se declaró inocente de las acusaciones en su contra y responsabilizó a la oposición de pretender sacarla del poder de forma abrupta pese a que fue elegida democráticamente por más de 50 millones de ciudadanos brasileños.

Destacó además que es la primera mujer elegida presidenta de Brasil. Dijo estar orgullosa de aquello e indicó que utilizará todos los recursos legales a su disposición para permanecer en el gobierno hasta el fin de su periodo.

"Jamás voy a desistir de la lucha", afirmó mientras llamó a la población de ese país a movilizarse en contra de la sanción impuesta por el Senado. "Confío en que la población sabrá decirle 'no'", dijo.

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Minutos antes, la suspendida mandataria se pronunció a través de su cuenta Facebook, luego de que el Senado de Brasil aprobara la citada sanción para ella por un periodo de 180 días.

La integrante del Partido de los Trabajadores (PT) calificó esta medida de “golpe” y afirmó que se están empleando “pretextos jurídicos”, para sacarla del cargo. 

"Es un golpe. Cuanto más una palabra se acerca a la realidad que se quiere esconder, mayor es la incomodidad que su uso trae. El ministro José Eduardo Cardozo recordó que se están usando pretextos jurídicos para sacar del poder a una presidente legítimamente electa en una injusticia histórica", expresó Dilma Rousseff en su cuenta de Facebook. 

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Rousseff ya fue notificada de la decisión del Senado y deberá abandonar el Palacio de Planalto, lo que podría significar el fin del gobierno del PT tras de más de 13 años en el poder. 

La suspendida mandataria es investigada por las llamadas "pedaladas fiscales", una práctica por la que supuestamente emitió decretos presupuestarios sin el visto bueno del Congreso y recurrió a préstamos de los bancos públicos como forma de maquillar las cuentas públicas y recabar apoyos para su gobierno, según medios locales. 

La heredera de Lula Da Silva dejará el cargo con apenas un 10% de popularidad, en medio de protestas, la mayor recesión económica de las últimas décadas y la investigación en curso del caso de sobornos de la estatal Petrobras, el escándalo de corrupción más grande de la historia del país.