EE. UU. restringe visados a funcionarios por actos de corrupción

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una nueva política de restricción de visados en virtud de la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esta medida limita el ingreso a territorio estadounidense a ciudadanos extranjeros y a sus familiares directos que socaven un gobierno elegido democráticamente mediante actividades de corrupción o narcotráfico en la región.

Según detalló el organismo estadounidense, la disposición cumple con los compromisos asumidos en la Cumbre de Doral y la declaración de los líderes del Escudo de las Américas emitida el 22 de septiembre. La norma se aplica de manera inmediata a personas vinculadas a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú que comprometan la seguridad y el Estado de derecho.

En el caso de Perú, las autoridades norteamericanas revocaron el visado vigente del juez del Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, Juan Carlos Núñez Matos, así como el de sus familiares directos. La decisión responde a la aplicación de los mecanismos de sanción coordinados por el gobierno de Estados Unidos para actuar frente a faltas a la gobernanza democrática.

Sanciones aplicadas a ciudadanos de Bolivia, Colombia y Ecuador

En Bolivia, la Administración de Estados Unidos revocó las visas de doce personas y sus familias, entre los que figuran los fiscales Martín Daniel Irusta Flores, Alberto Zeballos Flores y Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco. Asimismo, la medida afectó a los jueces Albania Chane Caballero Saavedra, Rosario Ximena Flores Paniagua y Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, al exministro de Justicia Iván Manolo Lima Magne, al magistrado constitucional Israel Ramiro Campero Méndez, al exmagistrado suplente Iván Ramiro Campero Villalba, al exfuncionario aduanero Alberto Samuel Soto de la Vía, al coronel policial Frans William Cabrera Quispe y al empresario José Luis Iriarte Cussi, además de restringir a otros nueve ciudadanos bolivianos.

En el territorio colombiano, la política oficial norteamericana revocó los visados del empresario Euclides Antonio Torres Romero y de la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú, afiliada al Pacto Histórico y al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), incluyendo a sus familiares directos. Respecto a Ecuador, el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó la revocación de visados para dos ciudadanos de dicho país y sus familias.

Por su parte, el Departamento de Estado designó públicamente bajo la Sección 7031(c) al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, declarándolo inelegible para ingresar a Estados Unidos junto a sus familiares inmediatos. Según indicaron fuentes oficiales, Mariaca incurrió en corrupción significativa al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y beneficiar a procesados judiciales durante el ejercicio de sus funciones.

Fundamentos legales y alcance de las medidas migratorias de Estados Unidos

Las restricciones de visado impuestas por el gobierno estadounidense se amparan en el artículo 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esta normativa prohíbe el ingreso a Estados Unidos de personas cuyas actividades o presencia puedan generar consecuencias adversas graves para la política exterior del país.

Asimismo, las designaciones públicas como la aplicada al fiscal general de Bolivia se sustentan en la Sección 7031(c) de la Ley de Seguridad Nacional y Asignaciones del Departamento de Estado de 2026. Esta norma exige de forma obligatoria al Secretario de Estado designar a funcionarios extranjeros sobre los que exista información fidedigna de su implicancia en actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos.

Finalmente, las autoridades del Departamento de Estado precisaron en la transmisión de Canal N que las restricciones buscan consolidar la respuesta coordinada entre los países participantes de la iniciativa Escudo de las Américas. Las acciones administrativas continuarán ejecutándose de forma permanente conforme se recaben nuevas pruebas sobre actividades ilícitas en la región.