México: Sheinbaum rechaza acusaciones del jefe de la DEA
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos catalogó como organizaciones terroristas a los cárteles de Juárez y Los Viagras.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este miércoles formalmente las declaraciones del director de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, Terry Cole, sobre supuestos vínculos de funcionarios con el narcotráfico.
El hecho ocurrió en Ciudad de México, tras afirmaciones que vinculan la gestión pública con el crimen organizado.
La mandataria mexicana desestimó estas acusaciones tildándolas de aseveraciones de carácter político y sin sustento técnico. Este desencuentro coincide con nuevas sanciones económicas impuestas por el gobierno norteamericano a grupos criminales mexicanos.
Rechazo oficial a las afirmaciones de la agencia antidrogas estadounidense
La jefa de Estado mexicana manifestó su desacuerdo ante las imputaciones del funcionario estadounidense vertidas en una cumbre en Orlando. De acuerdo con la gobernante, la postura oficial desestima las acusaciones de complicidad estatal formuladas por la DEA.
La mandataria declaró: "Me parece una declaración política que de sustento, no tienen ningún fundamento lo que está diciendo".
Asimismo, la dignataria instó a la organización estadounidense a enfocar sus esfuerzos en su propia jurisdicción territorial.
En su pronunciamiento oficial, la titular del Poder Ejecutivo mexicano enfatizó: "Negamos rotundamente las afirmaciones del titular de la DEA y lo conminamos a que trabaje mucho en Estados Unidos y dentro de su propia organización". Esta respuesta busca defender la soberanía de las instituciones mexicanas.
El gobierno de México rechazó previamente estas imputaciones mediante un comunicado oficial emitido por la cancillería. El documento señala que las apreciaciones norteamericanas omiten los resultados conjuntos obtenidos en la lucha contra el crimen.
Designación de agrupaciones delictivas como organizaciones terroristas extranjeras
En paralelo al conflicto, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos adoptó medidas coercitivas contra dos agrupaciones delictivas.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros catalogó formalmente a los cárteles de Juárez y Los Viagras como organizaciones terroristas. Esta resolución restringe de inmediato cualquier transacción financiera de estas bandas dentro del circuito bancario estadounidense.
La inclusión de estas facciones faculta la aplicación de bloqueos de propiedades bajo la legislación de Washington. Según expertos en derecho internacional, la medida busca asfixiar las finanzas de las redes criminales que operan en la frontera.
Las bandas criminales designadas han sostenido disputas territoriales violentas en diversas zonas de México en los últimos años. El gobierno mexicano argumentó que estas decisiones unilaterales no deben vulnerar los acuerdos bilaterales de seguridad.
Tensiones bilaterales por pedidos de extradición de autoridades locales
Las relaciones de seguridad enfrentan un desgaste debido a los requerimientos de extradición pendientes formulados por la justicia estadounidense.
El caso más complejo involucra directamente al gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha, acusado de presuntos nexos con redes de narcotráfico. Washington mantiene requerimientos legales para procesar a diversos funcionarios estatales vinculados con el tráfico ilícito de fentanilo.
El proceso judicial contra el mandatario de Sinaloa mantiene expectantes a los ministerios públicos de ambos países. El Poder Judicial de México evalúa las solicitudes norteamericanas bajo criterios de estricta legalidad y respeto soberano.
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