Sesión de urgencia del Consejo de Seguridad: Venezuela denuncia

La sesión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU convocada este 5 de enero a solicitud de Venezuela abordó la reciente incursión militar de Estados Unidos en ese país sudamericano. El encuentro se centró en los bombardeos ejecutados en Caracas y la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, durante una operación ordenada por el gobierno de Washington.

La reunión se realizó a las 10:00 a. m. (hora de Nueva York), en medio de un clima de tensión internacional. El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su alarma frente al ataque, señalando que podría constituir un "peligroso precedente".

La intervención estadounidense ocurrió tras un periodo de crecientes tensiones, marcado por despliegues militares en la región y ataques a embarcaciones sospechosas de narcotráfico.

Durante su intervención, el embajador venezolano Samuel Moncada calificó el operativo del 3 de enero como una violación "flagrante" de la Carta de las Naciones Unidas. Denunció que la operación estadounidense carecía de justificación jurídica y señaló que produjo bombardeos masivos, muertes civiles y militares, destrucción de infraestructura y el "secuestro" de Maduro y Flores.

Denuncia de Venezuela ante la ONU

Según Moncada, los hechos vulneran el artículo 2.4 de la Carta de la ONU, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. El diplomático exigió la liberación inmediata del presidente y su esposa, argumentando que ambos gozan de inmunidad como representantes del Estado venezolano.

Fundamentos jurídicos invocados por Venezuela

El representante de Venezuela citó la resolución 3314 de la Asamblea General y resoluciones previas del Consejo de Seguridad, sosteniendo que la ocupación de territorio mediante el uso de la fuerza es inadmisible. Afirmó que el ataque estadounidense constituye una transgresión al derecho internacional humanitario, los convenios de Ginebra y el derecho internacional de los derechos humanos.

En su declaración, enfatizó que permitir este tipo de acciones sin respuesta debilitaría el sistema de seguridad colectiva y sentaría un precedente de impunidad en el orden jurídico global. También argumentó que la agresión se vincula con el interés de controlar los recursos naturales venezolanos.

La postura de Estados Unidos en la sesión

El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, defendió la legalidad de la operación, calificándola como una acción puntual contra dos personas que su gobierno considera “narcoterroristas”. Negó que Nicolás Maduro sea un jefe de Estado legítimo, argumentando que las elecciones de 2024 carecieron de transparencia y fueron rechazadas por más de 50 países.

Waltz acusó al gobierno de Maduro de liderar una red criminal internacional dedicada al tráfico de drogas y de colaborar con grupos terroristas. Justificó la operación en defensa de los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos, y advirtió que su país no permitirá amenazas en el hemisferio occidental.

Discurso del embajador venezolano ante el Consejo

Durante su alocución, Moncada sostuvo que la acción militar estadounidense "constituye una fecha de profunda gravedad histórica, no solo para Venezuela sino para el sistema internacional". Añadió que el derecho a la inmunidad presidencial no es un privilegio, sino una garantía institucional del orden jurídico global, cuya transgresión "abre un precedente extremadamente peligroso para todos los Estados".

Reiteró que Venezuela es víctima de una intervención motivada por intereses geopolíticos y recursos estratégicos, y rechazó la lógica del neocolonialismo. Según sus palabras, la agresión busca imponer una narrativa de confrontación y debilita el multilateralismo.

Soberanía, derecho internacional y estabilidad regional

La sesión permitió exponer diferentes interpretaciones sobre el alcance del derecho internacional en contextos de intervención. Para Venezuela, la acción estadounidense no solo afecta su soberanía, sino también los principios fundamentales del sistema de Naciones Unidas, como la igualdad soberana de los Estados y la solución pacífica de controversias.

La delegación venezolana advirtió que el desconocimiento de estos principios puede erosionar la autoridad del Consejo y abrir la puerta a nuevas acciones unilaterales en otras regiones del mundo.

Reacciones de países miembros

El embajador de España expresó preocupación por el precedente que deja la operación militar. Recordó que su país no reconoció los comicios venezolanos de 2024, pero enfatizó que las soluciones deben surgir desde el respeto al derecho internacional y no por medio de la fuerza.

Cuba, China y Rusia condenaron enérgicamente la intervención estadounidense. Los tres países coincidieron en señalar que la operación viola la soberanía de Venezuela, el derecho internacional y la Carta de la ONU. También exigieron la liberación de Maduro y su esposa, y pidieron respeto al multilateralismo.

Apoyo a la vía diplomática y al sistema multilateral

China y España destacaron que el Consejo de Seguridad debe fortalecer la vía diplomática como herramienta para abordar las crisis internacionales. Cuba y Rusia advirtieron que el uso unilateral de la fuerza debilita el sistema multilateral y promueve prácticas asociadas al colonialismo.

Las intervenciones mostraron la división entre las posturas que rechazan cualquier acción armada sin mandato internacional y aquellas que la justifican como respuesta a supuestas amenazas regionales. La sesión concluyó sin una resolución final, pero con llamados a seguir evaluando el caso.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió de urgencia tras la operación militar de Estados Unidos en Venezuela. Durante la sesión, el embajador venezolano Samuel Moncada denunció el ataque del 3 de enero como una violación a la Carta de las Naciones Unidas, exigiendo la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Estados Unidos defendió la legalidad de la acción, acusando al mandatario venezolano de liderar una red criminal. China, Cuba, Rusia y España intervinieron en el debate. Las reacciones reflejan una división internacional ante el uso de la fuerza sin autorización del Consejo. La sesión cerró sin resolución.