Suprema de EE.UU avala ley contra transición de género infantil

La Corte Suprema de Estados Unidos respaldó una ley del estado de Tennessee que prohíbe la transición de género en menores de edad. En una decisión dividida de seis votos contra tres, el máximo tribunal avaló la medida, que impide el acceso a tratamientos hormonales, bloqueadores de la pubertad y cirugías para menores transgénero.

Según el presidente de la Corte, John Roberts, el rol de la institución no es evaluar la conveniencia o lógica de la norma, sino determinar si vulnera o no las garantías constitucionales. En ese sentido, sostuvo que el asunto debe resolverse en el marco del proceso democrático estatal.

Ley de Tennessee en el centro del debate nacional

La ley estatal fue promovida con el argumento de proteger a los menores de tratamientos que, según las autoridades locales, podrían tener efectos irreversibles en la salud física y mental de los adolescentes. El fiscal general de Tennessee, Matthew Rice, afirmó ante la Corte que la norma busca evitar intervenciones médicas “arriesgadas y no probadas”.

Organizaciones defensoras de los derechos LGBT y expertos médicos han criticado la medida, señalando que ignora el consenso científico sobre la efectividad de los tratamientos en casos bien evaluados. No obstante, la Corte dio prioridad al derecho de los estados a legislar sobre estos temas sin interferencia federal.

Rechazo del gobierno anterior y cambio de postura

El Departamento de Justicia del entonces presidente Joe Biden participó en el proceso como opositor a la norma. Argumentó que esta violaba la cláusula de igualdad ante la ley al negar a los menores transgénero un acceso médico del que sí disponen otros jóvenes. Para la administración demócrata, la medida era discriminatoria y atentaba contra derechos fundamentales.

La postura cambió con la llegada de Donald Trump a la presidencia. Su gobierno emitió un decreto que restringía el respaldo federal a los procedimientos de transición de género en menores, alineándose con posturas conservadoras. Aunque no existe una legislación nacional que prohíba estos tratamientos, el fallo de la Corte refuerza la autonomía de los estados en este ámbito.