Trump refuerza la pena de muerte en EE.UU. con orden ejecutiva

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que refuerza el uso de la pena de muerte en el país. La medida, considerada altamente controvertida, instruye a la Fiscal General Pam Bondi a solicitar esta condena en todos los casos federales que cumplan con los «factores aplicables», según el documento difundido por la Casa Blanca.

Esta decisión se enmarca dentro de su retórica de mano dura contra el crimen, particularmente en la capital, Washington D.C., a la que ha calificado como una ciudad con “crimen sin control”. Con ello, Trump busca revivir el uso de la pena capital en dicha jurisdicción, donde fue abolida en 1981.

Reaplicación de la pena capital en Washington D.C.

De acuerdo con el memorando, el Fiscal General para el Distrito de Columbia deberá presentar la solicitud de pena de muerte en todos los procesos judiciales que califiquen bajo los criterios establecidos. La administración Trump argumenta que esta medida debe tener prioridad ante las presuntas amenazas a la seguridad pública que enfrenta la ciudad.

Según el comunicado, la decisión responde a la supuesta incapacidad de las autoridades locales para enfrentar la criminalidad. Al ser la capital una jurisdicción federal, la Casa Blanca busca asumir el liderazgo en las decisiones judiciales más severas.

Contexto político: advertencia sobre cierre del gobierno

En paralelo a esta iniciativa, la Casa Blanca advirtió sobre un posible cierre del gobierno federal si el Congreso no aprueba el presupuesto antes del primero de octubre. Esta situación generaría despidos masivos y afectaría el funcionamiento de varias agencias gubernamentales.

Fuentes del Ejecutivo indicaron que ya se preparan medidas de contingencia ante un eventual cierre. La incertidumbre crece entre los trabajadores federales, mientras continúa el desacuerdo entre las bancadas legislativas sobre los términos del gasto público.

Tensión entre justicia penal y estabilidad institucional

Ambas decisiones —el refuerzo de la pena capital y la advertencia de cierre federal— reflejan una estrategia de gobierno basada en el control desde el Ejecutivo sobre temas clave como la seguridad y el presupuesto. Analistas señalan que la simultaneidad de ambas medidas podría tensar aún más el escenario político e institucional de cara al inicio del nuevo año fiscal.