Alcalde de Ayabaca fue castigado por rondas campesinas en Piura

El alcalde de Ayabaca, Darwin Quinde Rivera, fue azotado con doce latigazos por integrantes de las rondas campesinas del caserío Hualcuy, en la región Piura. El castigo se aplicó durante una audiencia pública donde se evaluó su gestión y presuntos compromisos incumplidos con la comunidad.

La sanción se ejecutó ante pobladores presentes, como parte de un procedimiento tradicional de justicia comunal. De acuerdo con las imágenes difundidas, el burgomaestre fue obligado a sentarse sobre una banca, mientras dos ronderos le aplicaban la pena física acordada en la asamblea.

Aplicación de justicia comunal en acto público

El hecho ocurrió durante una asamblea comunal donde el alcalde de Ayabaca acudió para informar sobre avances en obras y otros compromisos municipales. Durante el encuentro, uno de los representantes de las rondas anunció públicamente que la autoridad debía ser juzgada por su propia población.

La decisión fue tomada por los ronderos luego de evaluar la conducta del funcionario. Según relataron los asistentes, el alcalde habría incumplido compromisos asumidos previamente, motivo por el cual se resolvió imponerle una sanción física conforme al sistema de justicia comunal que rige en la zona.

Durante la aplicación del castigo, se escuchó contar los latigazos en voz alta hasta completar doce. El procedimiento fue registrado en video y divulgado por diversos medios y redes sociales.

Alcalde intentó detener el castigo sin éxito

En un momento del acto, el alcalde de Ayabaca intentó detener el procedimiento. Sin embargo, los ronderos continuaron con la sanción. La autoridad permaneció sobre la banca hasta completar la pena determinada.

Luego de recibir los doce azotes, el alcalde fue obligado a dirigirse nuevamente a la comunidad para expresar disculpas por los hechos atribuidos a su gestión. El acto se realizó ante la presencia de comuneros y miembros de las rondas campesinas.

El video del momento fue difundido y generó múltiples reacciones, tanto dentro como fuera de la comunidad, lo que motivó pedidos de aclaración sobre lo ocurrido.

Autoridad responsabilizó a sus trabajadores

Tras el castigo, Darwin Quinde Rivera tomó la palabra para explicar su posición frente a los hechos. Afirmó que él no había cometido actos indebidos ni había incumplido obligaciones directamente. En cambio, responsabilizó a trabajadores de su equipo que, según indicó, no cumplieron adecuadamente con las tareas asignadas.

En sus palabras, señaló que no tenía por qué disculparse con la comunidad ya que no había robado ni actuado de forma ilícita. “Yo no he robado al pueblo, no tengo por qué pedir disculpas. Los errores han sido de otras personas que contraté y que no cumplieron”, afirmó ante los presentes.

Esta declaración fue también registrada por asistentes a la asamblea y circuló en medios digitales y redes sociales, como parte de la cobertura del hecho.

Declaraciones posteriores del alcalde en redes sociales

Posteriormente, a través de publicaciones en sus redes sociales, el alcalde de Ayabaca expresó su malestar con la sanción que recibió. Según su versión, todo el incidente habría sido provocado por no apoyar con un sistema de sonido solicitado por los organizadores de la actividad.

El alcalde cuestionó la forma en que fue tratado, indicando que la situación había escalado de manera desproporcionada. Sus declaraciones fueron compartidas en plataformas digitales y formaron parte del debate público generado en torno al castigo recibido.

Pese a sus declaraciones, hasta el momento no se han reportado acciones legales o administrativas por parte de la autoridad municipal respecto a lo ocurrido.

Reacción en redes sociales y solicitudes de investigación

El video del castigo al alcalde de Ayabaca se difundió ampliamente en redes sociales, lo que motivó una variedad de reacciones por parte de ciudadanos y medios de comunicación locales. Algunos sectores han solicitado una investigación para determinar si se respetaron los derechos fundamentales del funcionario durante el procedimiento comunal.

El caso ha reabierto el debate sobre los límites de la justicia consuetudinaria en el país, especialmente cuando se aplica a autoridades electas por voto popular. A nivel local, las rondas campesinas mantienen respaldo comunitario como actores de orden y vigilancia.

Justificación legal de las rondas campesinas

El accionar de las rondas campesinas se encuentra respaldado por el artículo 149.º de la Constitución Política del Perú. Esta norma reconoce a las rondas como entidades con función jurisdiccional dentro de sus territorios, en ausencia de autoridades comunales.

El marco legal establece que las decisiones de las rondas deben ceñirse al derecho consuetudinario, siempre que no se vulneren los derechos fundamentales de las personas involucradas. Por tanto, cualquier cuestionamiento a sus actos debe considerar este límite constitucional.

El incidente ha vuelto a poner en discusión la forma en que se ejercen estas facultades y los mecanismos para supervisar que se mantenga el equilibrio entre autonomía comunitaria y respeto a los derechos humanos.

El alcalde de Ayabaca, Darwin Quinde Rivera, fue castigado con doce latigazos por rondas campesinas del caserío Hualcuy, en Piura. La sanción se aplicó tras una audiencia comunal que lo acusó de incumplir compromisos asumidos con la población. Durante el acto, el alcalde intentó detener el castigo, sin éxito, y posteriormente pidió disculpas. Alegó que las fallas fueron responsabilidad de trabajadores municipales. El video del incidente fue difundido y generó debate. La Constitución reconoce funciones jurisdiccionales a las rondas, siempre que respeten los derechos fundamentales. Hasta ahora, no se ha reportado un pronunciamiento oficial del Gobierno Regional.