Acusan al ministro Santiváñez de cobrar sobornos

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez Antúnez, enfrenta una nueva crisis. Dos testigos protegidos han declarado ante la Fiscalía que, antes de asumir su cargo, cobró sobornos para manipular procesos judiciales en favor de sus clientes.

Los testimonios indican que Santiváñez exigió $60,000 para influir en jueces a través de la magistrada Enma Benavides Vargas. También habría cobrado S/ 64,000 al general PNP Héctor Javier Petit Amesquita para evitar medidas judiciales en su contra por compras irregulares en la pandemia.

Las pruebas incluyen audios y mensajes en los que Santiváñez coordina con "Dra. Enma" para asegurar fallos favorables. También se reveló que José Luján Benavides, hijo de la jueza Benavides Vargas, trabajó en su estudio de abogados como parte de un presunto "arreglo" judicial.

Pagos ilícitos y documentos adulterados

Los testigos aseguran que los pagos de coimas se realizaban en efectivo en su estudio de abogados. En junio de 2020, el general Petit Amesquita le entregó S/ 60,000 en presencia de su personal.

En otro caso, un familiar del capitán Francisco Johnny Arévalo Quispe, acusado en el caso "Escuadrón de la Muerte", pagó $60,000 para lograr su libertad. Santiváñez recibió el dinero en dos partes, pero no cumplió su promesa. Para justificarse, presentó pruebas falsificadas, incluyendo una captura adulterada de una casilla electrónica.

Los testigos protegidos han entregado chats y documentos que demuestran que Santiváñez cobraba pagos ilícitos adicionales a sus honorarios. También indican que, en varias llamadas telefónicas, el ministro pedía "favores" a jueces y fiscales a cambio de dinero.

Ocultamiento de pruebas y posible filtración de información

Las acusaciones también señalan a Yessenia Stefany De la Cruz Rivas, administradora de su estudio de abogados y presunta pareja sentimental. Según los testigos, ella escondió su computadora e iPad en enero de 2025 para evitar que fueran incautados.

El ministro intentó descalificar las denuncias a través de un comunicado en el que calificó de "cortina de humo" la posible orden de allanamiento en su contra. Sin embargo, la Fiscalía ya ha recibido audios, videos y documentos que refuerzan las acusaciones.

Una de las preguntas clave es cómo Santiváñez se enteró del allanamiento antes de que se ejecutara. La información debía ser reservada, lo que sugiere que recibió un "soplo" dentro del sistema judicial o policial.

Hasta el momento, el ministro no ha respondido a las llamadas de la prensa. La investigación continúa y su situación se complica cada vez más.