Caso Alberto Fujimori: TC dejó al voto pedido de nulidad de sentencia

La defensa del exmandatario alega una supuesta vulneración de su derecho al debido proceso

Alberto Fujimori. Foto: Andina

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) evaluó en audiencia pública el recurso de hábeas corpus presentado por el expresidente Alberto Fujimori, contra la sala penal que lo condenó a 25 años de prisión por homicidio, lesiones graves y secuestro agravado.

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“Acudo al Tribunal Constitucional para solicitar se sirva analizar la constitucionalidad de la sentencia por 25 años que se me ha impuesto”, expresó Fujimori a través de la línea telefónica.

El exmandatario alegó una supuesta vulneración de su derecho al debido proceso, por lo que solicitó que la sentencia impuesta por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema sea declarada nula, además de ordenar la realización de un nuevo juicio oral y la libertad del recluso.

“Primero, condena por lesa humanidad. En la parte resolutiva en la sentencia en mi contra se establece que el delito calificado y lesiones graves constituyen contra el delito contra la humanidad según el derecho penal internacional. Sin embargo, en declaraciones dadas al juez constitucional por cada uno delos integrantes de la Sala Penal Transitoria, ellos han afirmado que la sentencia no se ha dictado por el delito de lesa humanidad. Esto último evidencia que existe una abierta contradicción entre los alcances de la sentencia y las explicaciones dadas por los jueces de la misma”.

Tras escuchar los alegatos de Alberto Fujimori, el TC dejó al voto el pedido de nulidad de la sentencia contra el exgobernante tras aproximadamente uno hora de audiencia. La sala dio plazo de 30 días para emitir un pronunciamiento final.  

Como se recuerda, dicha sentencia se dictó contra Alberto Fujimori, al hallarlo responsable de las matanzas de Barrios Altos y la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta”, durante su gobierno (1990-2000).

En otro momento, Alberto Fujimori señaló que el segundo argumento para solicitar la anulación de su sentencia es la "violación al principio de imparcialidad por parte del juez César San Martín", quien intercambió correos electrónicos con los abogados Gonzalo del Río y Juan Carlos Sandoval.

“En los correos electrónicos se evidencia claramente la posición condenatoria del doctor San Martín en pleno proceso judicial, a un año antes de la emisión de la sentencia. Además, en ellos se expresa la conspiración del juzgador y de sus interlocutores para modificar la acusación fiscal con el expreso fin de condenar al acusado”.

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El máximo órgano constitucional está presidido por Manuel Miranda e integrado por los magistrados Marianella Ledesma, Óscar Urviola, Ernesto Blume, Carlos Ramos, José Luis Sardón y Eloy Espinosa Saldaña.

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