Antaip: informes sobre sueldo de Boluarte son de acceso público

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Antaip) concluyó, mediante una opinión consultiva, que los informes técnicos relacionados al eventual aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte son de naturaleza pública.

Este pronunciamiento se da a raíz de una solicitud presentada por el diario El Comercio, luego de que diversas entidades del Ejecutivo se negaran a entregar dichos documentos argumentando confidencialidad en base al artículo 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP).

En su respuesta, la Antaip precisó que la información sobre las remuneraciones de los funcionarios públicos, así como los documentos que respaldan cualquier modificación de estas, deben estar disponibles para la ciudadanía.

La entidad remarcó que el principio de transparencia prima sobre supuestas restricciones deliberativas en casos de decisiones administrativas como la gestión de sueldos.

El periodista Sebastián Ortiz, de El Comercio, quien formó parte del equipo que realizó la investigación sobre este caso, explicó que la negativa del Ejecutivo motivó la consulta.

“Hace un mes, tanto la Presidencia del Consejo de Ministros como el Ministerio de Economía y Finanzas negaron entregar al Comercio documentos clave sobre el aumento del sueldo de Boluarte. Clasificaron como reservados informes que permitirían conocer cuándo se solicitó la evaluación y cuánto demoró la propuesta del MEF que duplicaba el salario presidencial”, detalló.

Ortiz agregó que la Antaip dejó en claro que “el Ejecutivo usó mal el artículo 17”, ya que la decisión sobre un aumento salarial no constituye una política pública, sino una determinación administrativa que debe ser pública.

Asimismo, precisó que el Ejecutivo “puede rectificarse voluntariamente” y liberar los documentos solicitados, sin esperar un fallo del Tribunal de Transparencia.

Transparencia sobre remuneraciones y gestión pública

La opinión consultiva de la Antaip subraya que los informes sobre remuneraciones no pueden ser ocultados bajo el argumento de deliberación previa a una decisión de gobierno.

En su análisis, la entidad establece que los documentos técnicos sobre incrementos salariales no se enmarcan dentro de las excepciones permitidas por la ley.

Además, la autoridad señala que toda persona que presta servicios al Estado está sujeta al principio de rendición de cuentas.

Esto aplica con mayor fuerza a los altos funcionarios como la presidenta de la República, ministros y congresistas, quienes administran recursos públicos y representan al Estado frente a la ciudadanía.

Reacciones ante el ocultamiento de los informes

El caso generó críticas luego de que el Ejecutivo rechazara entregar los informes solicitados por El Comercio, en los que se detallan los fundamentos técnicos para proponer que el salario de Dina Boluarte pase de S/ 15 500 a más de S/ 34 000 mensuales.

La negativa fue fundamentada en la supuesta necesidad de proteger el proceso deliberativo del Consejo de Ministros.

No obstante, la Antaip desestimó ese argumento al establecer que los informes técnicos no forman parte del tipo de deliberación política que la ley busca proteger.

La respuesta del Ejecutivo, remitida por la Oficina General de Recursos Humanos de Palacio, fue más allá al acusar a los medios de comunicación de “generar percepciones distorsionadas” sobre el tema y de influir negativamente en la deliberación gubernamental.

Para la Antaip, esta posición no solo es errada, sino que contradice el principio de transparencia sobre el uso de fondos públicos.