Arana habría presionado al PJ por caso PPK, dice su abogado

Pedro Pablo Kuczynski, expresidente de la República, presentó una denuncia constitucional contra el actual presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, acusándolo de haber intervenido de manera irregular en un proceso judicial que lo afecta directamente. 

En diálogo con Canal N, la defensa de PPK, Julio Midolo, argumenta que el titular de la PCM se comunicó con la presidenta del Poder Judicial y con autoridades judiciales de Lima para incidir sobre el desarrollo de una audiencia que debía resolverse de manera autónoma. 

Según el abogado del exmandatario, las declaraciones del premier Arana en una entrevista pública revelan que estuvo en contacto con altos funcionarios del Poder Judicial para advertirles sobre la inexistencia de impedimentos de salida del país en contra de Kuczynski.  

Esto, asegura la defensa, habría derivado en que se adelante la audiencia de evaluación de medidas restrictivas, imponiéndosele luego al exmandatario 18 meses adicionales de impedimento de salida. 

Se le imputan tres delitos y se pide inhabilitación 

La denuncia solicita a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso admitir a trámite el pedido, sancionar políticamente a Arana con inhabilitación para ejercer cargos públicos y derivar el caso al Ministerio Público. Los delitos imputados son abuso de autoridad, tráfico de influencias y avocamiento indebido. 

PPK fue interceptado en el aeropuerto cuando intentaba viajar 

El hecho detonante fue el intento del expresidente de viajar a Estados Unidos para atender temas de salud. En el aeropuerto Jorge Chávez fue retenido por personal de Migraciones pese a no contar, según su defensa, con impedimentos vigentes. Esto se habría dado, aseguran, por presiones del Ejecutivo. 

La defensa también presentó un hábeas corpus 

Paralelamente a la denuncia constitucional, la defensa legal de PPK presentó una acción de hábeas corpus, argumentando que la alerta migratoria fue impuesta inconstitucionalmente, ya que solo un juez puede restringir derechos fundamentales como el de libre tránsito.