Betssy Chávez es condenada con 11 años y 5 meses por rebelión

El Poder Judicial sentenció este miércoles a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino, a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva, tras ser hallada coautora del delito de conspiración para la rebelión, en agravio del Estado. El delito está tipificado en el artículo 349 del Código Penal.

La magistrada suprema Norma Carbajal precisó que a Chávez, de profesión abogada, le corresponde esta pena por su participación activa en el fallido intento de golpe de Estado ejecutado por Pedro Castillo Terrones el 7 de diciembre de 2022. Aquel día, el exmandatario anunció en televisión nacional el cierre del Congreso, la reorganización del sistema judicial y otras medidas inconstitucionales.

Ordenan su captura nacional e internacional

Debido a que Chávez Chino se encontraba en libertad tras la revocación de una prisión preventiva anterior, el tribunal ordenó su ubicación y captura a nivel nacional e internacional, disponiendo las órdenes respectivas para su cumplimiento inmediato.

Sentencias a otros implicados

Además de Chávez, el tribunal condenó al expresidente Pedro Castillo a 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel por el mismo delito. En tanto, el exjefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, fue sentenciado a 6 años y 8 meses de prisión, considerando su avanzada edad (79 años al momento del hecho) como atenuante para la reducción de pena.

También fue condenado el exministro del Interior, Willy Arturo Huerta Olivas, con la misma pena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva.

Inhabilitación política

La sentencia también impone a Betssy Chávez dos años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público, ya sea por elección popular o designación, conforme al artículo 36 del Código Penal. Esta misma medida se aplicó a Pedro Castillo, Huerta y Torres (este último por un año).

El tribunal fijó una reparación civil de 12 millones de soles, que deberán pagar de manera solidaria Pedro Castillo, Betssy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta. Este monto será destinado al Estado, representado por la Procuraduría General, y deberá cancelarse durante la ejecución de la sentencia.