Betssy Chávez inicia huelga de hambre en penal de Chorrillos

En una carta dirigida a la Sala Penal Especial, Betssy Chávez, ex primera ministra y exparlamentaria, anunció que inició una huelga de hambre en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos. En el documento asegura que está siendo sometida a hostilidades, amenazas contra su vida y uso de internas para intimidarla. Chávez cumple prisión preventiva en esa dependencia desde junio de 2023.

La medida fue explicada por su defensa, encabezada por el abogado Raúl Noblecilla, quien indicó que se busca denunciar la vulneración de sus derechos y la necesidad de reorganizar el penal para evitar agresiones o presiones contra ella.

Denuncias de corrupción, cobro de cupos y chantajes sexuales

En su carta, Chávez denunció presuntos actos sistemáticos de corrupción dentro del penal. Mencionó la existencia de cobros por cupos para acceder a mejores celdas y denunció que se estarían realizando chantajes sexuales como mecanismo de control interno.

Asimismo, acusa a internas privilegiadas y a la directora del establecimiento, Nelly Aquino Guardales, de haber permitido que estas conductas persistan.

Chávez describió que estas internas “administrarían el penal a cambio de dádivas” y que ella ha sido víctima de amedrentamiento constante por parte de otras reclusas, lo que la condujo a adoptar la huelga de hambre como medida de extremo urgencia.

Ausencia al juicio oral por huelga de hambre

Este martes, Chávez no asistió al juicio oral por el presunto intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Su defensa argumentó que el juicio no puede seguir sin su presencia dado que ella forma parte activa de su propio caso legal.

La Sala Penal Especial evaluó el recurso presentado por la defensa, que solicitaba suspender la audiencia hasta que se garantice la seguridad de Chávez, pero lo declaró infundado y ordenó seguir con las sesiones, pese a la ausencia de la procesada.

En su escrito, Chávez afirmó haber tomado “la firme decisión de no asistir” hasta que las denuncias sean atendidas y las vulneraciones cesen.

Solicitud de habeas corpus y reordenamiento del penal

La defensa de Chávez presentó un recurso de habeas corpus ante la misma Sala Penal Especial para solicitar medidas cautelares que protejan su vida y su integridad física.

También demandó una revisión total del funcionamiento interno del penal y la intervención de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y el INPE para garantizar condiciones seguras en el interior del recinto.

Se pidió que se verifique el sistema de control, la supervisión carcelaria y se restrinjan privilegios otorgados a ciertas internas, en respuesta a los hechos descritos en la carta de Chávez.

Chávez se encuentra recluida desde junio de 2023

El 22 de junio de 2023, el Poder Judicial ordenó la prisión preventiva contra Betssy Chávez en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, dentro del proceso penal por su presunta vinculación con el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, bajo la presidencia de Pedro Castillo.

En mayo de 2024, la Sala Penal Permanente confirmó la medida original de 18 meses. En diciembre de ese mismo año, el plazo fue ampliado por 15 meses adicionales, extendiendo su reclusión hasta marzo de 2026.

Denuncias anteriores dentro del recinto penitenciario

Chávez ha realizado diversas denuncias desde el inicio de su encarcelamiento:

• En julio de 2023 acusó “tratos hostiles” por parte de personal del INPE, quien habría revisado públicamente sus pertenencias frente a otras internas, hechos que calificó como humillantes. Solicitó atención inmediata de nutricionista por su condición de salud.

• En audiencias posteriores denunció que se le negó atención médica por una gastritis, a pesar de contar con orden judicial para recibir tratamiento, lo que consideró una vulneración de su derecho a la salud.

• También pidió que se investigue una orden que la obligó a firmar documentos negando las denuncias, presuntamente por indicación del Ministerio de Justicia.

Trámite judicial sobre prisión preventiva

El Poder Judicial rechazó en septiembre de 2023 y en mayo de 2024 sendos pedidos de cese de prisión preventiva, alegando riesgos de fuga y obstrucción de la justicia en el caso, según el juez supremo César San Martín.

En febrero de 2025 volvió a evaluarse otro pedido, aunque Chávez no participó por problemas de salud. Ese trámite sigue abierto.

Acciones del Congreso y consecuencias políticas

En junio de 2025, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó un informe para inhabilitar a Chávez por 10 años. El documento, derivado del proceso por el intento de golpe, será evaluado por la Comisión Permanente y el Pleno del Congreso para su eventual aprobación o rechazo.

De concretarse, esta sanción se sumaría a las repercusiones legales que enfrenta a nivel penal.

Supervisión y vigilancia institucional

La Sala Penal Especial solicitó que se informe y supervise la situación del penal. Se ordenó notificar al INPE, a la directora del establecimiento, a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo sobre las denuncias presentadas, con la finalidad de que se tomen medidas inmediatas que protejan a Chávez y reinstauren condiciones de dignidad.

Desarrollo del juicio y próximas decisiones

A pesar de su ausencia, la Sala continuó con la audiencia. El tribunal mantiene su posición de que puede proceder sin la presencia de la procesada. Paralelamente, deberá resolver las recusaciones presentadas y revisar periódicamente la prisión preventiva, como lo exige el Código Procesal Penal.