PJ dicta 10 meses de impedimento de salida contra Betssy Chávez

El Poder Judicial emitió una resolución en la que impone diez meses de impedimento de salida del país a la ex presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino, quien afronta un juicio oral por el presunto delito de rebelión en agravio del Estado.

La disposición fue adoptada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria y, según se detalla, busca garantizar que la ex premier permanezca en el país durante el desarrollo del proceso penal.

Vigencia de la medida

El documento judicial precisa que el plazo del impedimento se extenderá desde el 12 de septiembre de 2025 hasta el 11 de julio de 2026. La resolución ya fue notificada a la Superintendencia Nacional de Migraciones para su registro inmediato.

El juez supremo Edhín Campos Barranzuela explicó que la medida cautelar responde a que en el proceso existen “sospechas suficientes” sobre la participación de Chávez en los hechos investigados, lo que cumple con el estándar probatorio requerido para dictar este tipo de restricciones.

El magistrado añadió que la acusación formal ya se encuentra en juicio oral, lo cual refuerza la necesidad de asegurar la presencia de la ex primera ministra en todas las etapas del proceso.

La decisión judicial se adoptó a solicitud del Ministerio Público, que planteó la medida como parte de sus atribuciones en defensa de la legalidad y para evitar riesgos de fuga. De esta forma, se busca asegurar la permanencia de la acusada en territorio nacional mientras continúan las audiencias.

Antecedentes de prisión preventiva

Cabe recordar que Betssy Chávez fue encarcelada en el marco del mismo proceso. Sin embargo, el Tribunal Constitucional determinó su excarcelación al considerar que la orden de prisión preventiva había excedido los límites legales y no cumplía todos los presupuestos requeridos.

En aquella oportunidad, el término empleado por el TC fue “exceso de carcelería”, con lo que se anuló la continuidad de la medida restrictiva.

Contexto del caso

La investigación contra la ex premier se deriva de los hechos del 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Pedro Castillo intentó dar un golpe de Estado al anunciar la disolución del Congreso y la reorganización del sistema judicial.

Ese mismo día, Chávez era parte del gabinete ministerial y, según la acusación fiscal, habría tenido conocimiento o participación en las acciones que pretendían quebrar el orden constitucional.

Con el juicio oral en marcha, se espera que las audiencias continúen durante los próximos meses. El plazo de diez meses establecido por el Poder Judicial coincide con el periodo en que se proyecta el desarrollo del proceso.