Betssy Chávez, ex primera ministra del gobierno de Pedro Castillo, ha optado por el asilo político en la Embajada de México en Lima. Este movimiento ocurre en un momento clave, pues enfrenta cargos por rebelión y conspiración en el contexto del intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La exfuncionaria, que públicamente expresó su voluntad de colaborar con la justicia, hoy permanece en territorio diplomático extranjero, bajo protección, pero sin salvoconducto autorizado por el Estado peruano.

El camino hacia la embajada fue premeditado

Según reveló Cuarto Poder, la decisión de asilarse no fue improvisada. Documentos, testimonios y acciones previas apuntan a que Betssy Chávez habría considerado esta alternativa desde el mismo día del fallido autogolpe de Estado. El testimonio de su chofer, Cristian Martínez Valencia, indica que la ex premier le pidió explícitamente ser llevada a la Embajada de México. Esta versión contradice sus múltiples escritos dirigidos al Congreso y al Ministerio Público, en los que aseguraba que no pensaba salir del país.

En marzo de 2023, solicitó formalmente el incremento de su seguridad parlamentaria y entregó su pasaporte diplomático como señal de colaboración. En esos documentos enfatizó su voluntad de no fugar, lo que hoy contrasta con su situación actual.

Entre audiencias, enfermedades y desaparición

Durante los últimos meses, Chávez participó en audiencias virtuales ante la Sala Penal Especial. El 21 de octubre fue su última aparición, en la que argumentó estar gravemente enferma. Posteriormente, no asistió a tres audiencias consecutivas, justificando su inasistencia con certificados médicos que acreditaban una infección respiratoria.

Su abogado, Luis Barranzuela, aseguró que perdió comunicación con ella días antes de su refugio diplomático. A pesar de que negó conocer planes de asilo, confirmó que su patrocinada no respondió a sus intentos de contacto, lo que le impidió continuar con la defensa legal.

Paralelamente, Raúl Noblecilla, otro de sus defensores, fue expulsado de una audiencia tras un altercado con el tribunal. Su actitud fue interpretada por algunos como parte de una estrategia para crear desorden y ganar tiempo en favor de Chávez.

Un limbo legal y diplomático

El gobierno peruano ha dejado en suspenso la emisión de un salvoconducto, lo cual impide a Betssy Chávez abandonar el país hacia México. La Cancillería ha solicitado una consulta regional a los países miembros de la OEA para evaluar una posible modificación de la Convención de Caracas, con el fin de evitar que procesados por delitos comunes accedan al beneficio del asilo político.

Según el exembajador Carlos Pareja, esta medida busca evitar la "desnaturalización" de la figura del asilo. Señaló que el caso ha colocado a la ex premier en un limbo jurídico y diplomático, al no poder salir ni comparecer ante la justicia.

El excanciller Luis Gonzales Posada ha calificado la actitud del gobierno mexicano como una violación flagrante del principio de no intervención, al otorgar protección diplomática a una persona acusada de delitos graves.

Fricciones entre Perú y México

Este nuevo episodio ha reavivado la tensión entre Perú y México. Las opiniones reiteradas del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sobre la situación política peruana, así como su respaldo a Pedro Castillo y ahora a Betssy Chávez, han sido consideradas injerencias. Como consecuencia, se ha producido la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Juan Velit, internacionalista, criticó que se permita que actores de peso limitado, como Chávez, provoquen un deterioro en las históricas relaciones bilaterales. “Con el respeto que nos inspire, no creo que ella sea un jugador político de peso como para llevar a los dos países a esta situación”, señaló.