Carlos Caro: “Estamos ante una maniobra dilatoria de la defensa de Roberto Sánchez”

El Poder Judicial reprogramó para el próximo 4 de junio la audiencia de control de acusación contra el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, investigado por presuntas irregularidades en el financiamiento de campaña de su partido político.

La decisión fue adoptada por el juez Adolfo Farfán, luego de que una de las defensas presentara un pedido de nulidad durante la audiencia realizada este miércoles.

En entrevista con Canal N, el abogado penalista Carlos Caro cuestionó la suspensión de la audiencia y afirmó que el caso ya debería pasar a juicio oral. “Estamos acá ante una maniobra dilatoria ejercida por la defensa con la complacencia del Ministerio Público y también del Poder Judicial”, sostuvo.

Según explicó, el proceso se inició en 2020 y aún no supera la etapa de control de acusación. Caro señaló que el caso se basa principalmente en trazabilidad bancaria y presuntas omisiones en la declaración de ingresos y gastos de campaña presentados ante la ONPE.

De acuerdo con el penalista, el juez deberá resolver primero el pedido de nulidad y luego determinar si dicta el auto de enjuiciamiento para que el expediente pase finalmente a juicio oral.

La Fiscalía solicita más de cinco años de prisión contra Roberto Sánchez por presuntos delitos vinculados al financiamiento partidario. 

“El caso ya debería estar en juicio oral”

Según explicó, en esta etapa procesal ya no deberían discutirse nulidades, sino únicamente emitirse el auto de enjuiciamiento para derivar el expediente a un tribunal de juzgamiento.

“Lo único que tiene que hacer el juez es dictar un nuevo auto de enjuiciamiento y ordenar que el expediente pase a juicio oral”, indicó.

Caro precisó que la Fiscalía mantiene imputaciones contra Roberto Sánchez por presunta falsa declaración en procedimiento administrativo y presunto falseamiento de información sobre aportes y gastos de campaña ante la ONPE.

Advierte riesgo de prescripción

El abogado también alertó que uno de los delitos investigados podría prescribir en enero de 2027 debido a las continuas dilaciones del proceso. 

“El delito de falsa declaración en procedimiento administrativo prescribe ahora en enero del año 2027”, explicó. Añadió que el otro delito electoral tiene una pena mayor y seguiría vigente por más tiempo.

“Una eventual presidencia no detendría el juicio”

Caro sostuvo además que, incluso si Roberto Sánchez llegara a la Presidencia de la República, el proceso penal podría continuar porque los hechos investigados ocurrieron antes de asumir cualquier cargo con inmunidad presidencial.

“La protección presidencial es solo por delitos de función cometidos durante el ejercicio del cargo. Aquí estamos hablando de hechos previos”, remarcó.