Caso Hinostroza: exigen la revisión de sentencias de delitos sexuales contra menores

La Defensoría del Pueblo se pronunció sobre lo que consideró “la grave crisis del sistema de justicia”, y pidió la revisión todas las sentencias emitidas en casos de delitos sexuales por el juez César Hinostroza, investigado por un presunto tráfico de influencias.

Mediante un pronunciamiento, consideró que los audios que tienen a Hinostroza como protagonista revelan presuntos hechos de corrupción y la aplicación de criterios jurisprudenciales que agravian los derechos de los ciudadanos, en particular de los niños y niñas. Aseveró que cuestionado juez habría favorecido a agresores.

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Esto en referencia a la conversación difundida por medios de prensa en la que César Hinostroza, presuntamente, habría ofrecido reducir la pena de un sujeto acusado de violar sexualmente a una menor de edad.

“Exigimos la inmediata revisión de todas las sentencias en materia de delitos sexuales contra menores de edad emitidas por la sala que presidía el juez supremo César Hinostroza Pariachi”, señaló la Defensoría del Pueblo.

Asimismo, pidió al Poder Judicial que, en los casos de violación sexual, las causales que atenúen, eximan o desvirtúen la imputación sean acreditadas por el investigado, debiendo los jueces realizar una rigurosa valoración de tales alegaciones.

“El tipo penal de violación de la libertad sexual, que afecta principalmente a las mujeres, presenta vacíos y deficiencias normativas, dado que se exige acreditar en todos los casos la violencia o amenaza para su configuración”, indica el documento.

Por ello, requirió la inmediata promulgación de los Proyectos de Ley N° 1069/2016-CR y 2070/2017-CR, entre otros, aprobados por el Congreso, dado que “centran la violación sexual en la falta de consentimiento de la víctima más que en la violencia o amenaza”.

La Defensoría del Pueblo indicó también que las medidas que demanda responden a la urgencia de corregir esta situación, y estimó que la crisis del sistema de justicia es de tal magnitud que no basta solo con la remoción de los magistrados y autoridades involucradas.

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En ese sentido, consideró necesaria la implementación de cambios estructurales impostergables que requerirán un compromiso político de todos los poderes del Estado para ser efectivos. “La Defensoría del Pueblo propondrá en los próximos días un conjunto de medidas de aplicación y efecto inmediato que permitan el inicio de una verdadera reforma de la justicia”, apuntó.