Caso Jacqueline Tapullima: Abogada advierte posibles delitos por firma y huella falsas en declaración jurada

La pericia de la Policía Nacional que determinó que la firma y la huella dactilar atribuidas a la diputada de Juntos por el Perú, Jacqueline Tapullima, en su declaración jurada de postulación no le pertenecen podría derivar en una investigación penal. Así lo señaló la abogada penalista Romy Chang, quien sostuvo que también debe investigarse el uso del documento para acceder a una candidatura.

En entrevista con Canal N, Chang explicó que los hechos podrían configurar delitos como falsificación de documentos o falsedad genérica, dependiendo de las circunstancias y de quiénes participaron en la elaboración y presentación de la declaración jurada.

La especialista precisó que la responsabilidad penal no recaería únicamente en quien habría elaborado el documento falso, sino que también podría alcanzar a quien lo utilizó para realizar un trámite ante las autoridades electorales. “Lo que es bastante claro, porque ella misma lo reconoce, es que ella lo ha utilizado para poder presentarse a postular”, indicó.

Chang consideró que el Ministerio Público debería iniciar una investigación de oficio para determinar quién elaboró la firma y colocó la huella en la declaración jurada, así como establecer si la diputada conocía las irregularidades del documento. 

La abogada sostuvo que una eventual intervención del partido político no excluiría automáticamente la responsabilidad de la legisladora si se acredita que utilizó el documento para su inscripción.

Asimismo, explicó que, si se demuestra la participación de integrantes de la agrupación política, corresponderá determinar las responsabilidades individuales. Añadió que el partido podría tener que asumir una reparación civil, dependiendo de lo que establezca la investigación.

Chang advirtió que una eventual condena por falsificación de documentos o falsedad genérica podría generar una inhabilitación para ejercer el cargo público, incluso si este fue obtenido mediante elección popular. No obstante, precisó que la salida de Tapullima del Parlamento no sería automática: tendría que existir una sentencia condenatoria que establezca las consecuencias correspondientes.

"Esto constituye un ilícito porque ella está mintiendo, está dando información falsa, que puede ir desde la falsificación de documentos, que tiene una pena que va hasta los 10 años de cárcel, o también incluso un delito de falsedad genérica, que sanciona cualquier mentira que pueda causar un agravio", declaró.

"Ella fuese condenada por cualquiera de estos delitos, ella podría también sufrir una inhabilitación en el cargo por hasta tres años, incluso aunque el cargo venga de elección popular. Entonces, es bastante grave lo que ella ha realizado. Entonces, en realidad está en una situación complicada y yo creo que la Fiscalía aquí tiene que iniciar una investigación de oficio como corresponde", agregó.

Abogada advierte posibles delitos por presunta trabajadora que operaría en despacho de Tapullima

La especialista también se refirió a los cuestionamientos sobre una mujer que presuntamente realizaría labores en el despacho de la diputada sin tener un vínculo laboral formal con el Congreso y que, según lo expuesto en el reportaje de Cuarto Poder, habría trabajado sin recibir una remuneración a cambio de una eventual oportunidad laboral en el Estado.

Chang indicó que, en este caso, también podría evaluarse la presunta comisión de falsedad genérica y una eventual usurpación de funciones, dependiendo de las actividades que realizaba la persona y de las facultades a las que habría tenido acceso.

Además, señaló que, si se identifican beneficios indebidos o actos de corrupción vinculados al despacho parlamentario, podrían investigarse delitos contra la administración pública. “Lo más grave puede ser un tema hasta de corrupción de funcionarios, delitos contra la administración pública”, manifestó.

La penalista agregó que debe determinarse qué beneficio habría obtenido la diputada y si existió una coordinación para que la presunta trabajadora realizara actividades propias de personal autorizado del Congreso.

Chang explica diferencias entre las investigaciones y posibles sanciones

La abogada sostuvo que los cuestionamientos relacionados con la declaración jurada de postulación y los hechos vinculados al despacho parlamentario deben investigarse por vías separadas.

Según explicó, el caso de la firma y la huella corresponde a hechos anteriores al ejercicio de las funciones parlamentarias, por lo que la Fiscalía podría investigarlos directamente, sin necesidad de una denuncia constitucional previa.

En cambio, los presuntos hechos relacionados con el funcionamiento del despacho y el uso de personal podrían requerir el procedimiento de una denuncia constitucional, al estar vinculados con el ejercicio del cargo.

Chang también consideró que la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados debería evaluar el caso y actuar con celeridad, sin esperar necesariamente el resultado de las investigaciones fiscales. Finalmente, reiteró que una eventual inhabilitación o salida de Tapullima del Parlamento dependerá de que se determine su responsabilidad y exista una sentencia condenatoria.