César Ipenza: “La Ley MAPE no resuelve el problema de fondo”

La nueva propuesta de Ley MAPE enviada por el Ejecutivo al Congreso ha generado fuertes críticas por parte del abogado ambientalista César Ipenza, quien advierte que el documento carece de carácter vinculante y reactiva prácticas prohibidas como la minería aluvial en cuerpos de agua. Según indicó, la medida respondería a intereses políticos antes que a un enfoque técnico.

Ipenza explicó que, al no ser vinculante, el Congreso tiene la potestad de ignorar completamente la propuesta. Además, consideró preocupante que se plantee legalizar actividades ya prohibidas, lo cual afectaría negativamente los esfuerzos contra la minería ilegal.

Comisión de Energía y Minas favorecería intereses de mineros informales

César Ipenza cuestionó la imparcialidad del actual presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, Víctor Cutipa. Según afirmó, Cutipa ha promovido en reiteradas ocasiones la ampliación del REINFO y estaría adoptando una posición favorable a los intereses de los mineros informales.

Indicó que esta inclinación podría condicionar el debate en las sesiones de la comisión, comprometiendo la objetividad necesaria para abordar un problema tan complejo como la minería informal. La preocupación radica en que este liderazgo pueda consolidar normas que favorezcan la permanencia de la informalidad, sin controles efectivos ni fiscalización técnica.

Minería ilegal crece sin control y el Estado no responde con firmeza

Otro punto crítico señalado por Ipenza fue el continuo avance de la minería ilegal en el país. Según dijo, esta actividad sigue expandiéndose sin ningún tipo de control efectivo y sin los recursos necesarios por parte del Estado para combatirla.

El abogado advirtió que el problema no puede resolverse únicamente mediante la aprobación de una ley. Sostuvo que el sistema actual carece de herramientas reales para la fiscalización y que el aparato estatal no está respondiendo con la fuerza requerida.

Nuevo registro de mineros podría generar impunidad si no hay fiscalización

Ipenza también alertó sobre los riesgos asociados a la creación de un nuevo registro para mineros. A su juicio, permitir el ingreso de nuevos actores sin los requisitos adecuados solo incentivaría la impunidad.

Planteó que cualquier nuevo esquema debe incluir evaluaciones rigurosas y mecanismos de fiscalización efectivos. De lo contrario, podría abrirse la puerta a la legalización encubierta de actividades ilegales.

Plantas de beneficio y concesiones extinguidas: mecanismos con vacíos de control

El especialista denunció que varias plantas de beneficio registradas como pequeñas mineras superan los niveles de producción y exportación propios de la gran minería, sin estar sometidas a controles adecuados.

Asimismo, Ipenza cuestionó la propuesta de asignar concesiones mineras extinguidas a nuevos actores. Asegura que estas concesiones podrían ser utilizadas para encubrir operaciones ilegales, especialmente si se permite que terceros ingresen informalmente.

Propuesta del Ejecutivo tendría fines políticos más que técnicos

Finalmente, Ipenza expresó que el enfoque del Ejecutivo parece estar más orientado a una respuesta política frente a presiones sociales y un contexto preelectoral, que a una solución técnica integral.

Afirmó que la iniciativa del Gobierno responde al conflicto minero sin abordar de raíz el problema. Para el especialista, mientras persista esta dinámica, el país seguirá sin una política pública coherente para enfrentar la minería ilegal.