Consejo de la Prensa Peruana rechaza proyecto sobre apología al delito
La institución advirtió que la iniciativa de Aldo Bravo con penas de hasta cinco años amenaza la cobertura de protestas.
El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) expresó su rechazo al proyecto presentado por el diputado de Renovación Popular, Aldo Bravo Quispe. La propuesta legislativa plantea incorporar sanciones de hasta cinco años de pena privativa de la libertad para quienes incurran en presunta «apología al delito» durante periodos de crisis política y conflictos sociales.
La organización gremial advirtió que los términos normativos de la iniciativa legal resultan imprecisos y podrían vulnerar de manera directa las libertades de expresión, información y prensa consagradas en el marco constitucional.
El pronunciamiento institucional subraya además la inexistencia de legislación comparada similar en otros Estados democráticos de la región.
El Consejo de la Prensa Peruana cuestiona la ambigüedad del proyecto
El gremio periodístico remarcó que durante las situaciones de conflictividad social los medios de comunicación tienen la obligación profesional de informar sobre movilizaciones, bloqueos y eventuales alteraciones del orden público.
El CPP señaló que una redacción legal genérica propiciaría que la difusión de hechos de interés público sea calificada indebidamente como una conducta penal.
Asimismo, la entidad advirtió sobre la falta de delimitación jurídica para definir qué constituye una «crisis política» y qué autoridad determina su vigencia temporal.
El pronunciamiento alertó que cualquier ciudadano que comparta información u opiniones sobre protestas en plataformas digitales quedaría expuesto a investigaciones penales desproporcionadas.
Los especialistas en libertad de prensa califican la iniciativa de deficiente
El abogado especialista en derecho a la información, Roberto Pereira, cuestionó el diseño técnico de la iniciativa legislativa al considerarla una medida de censura encubierta: «Además de ser innecesario, es técnicamente deficiente. Desastroso diría yo».
El jurista sostuvo que el texto legal asume una premisa errónea al catalogar la cobertura informativa como un factor de riesgo para la comisión de delitos: «Introduce una serie de terminologías deficientes... concibe a los medios de comunicación como una fuente de peligro de comisión delictiva».
El proyecto se encuentra pendiente de análisis en los órganos dictaminadores de la Cámara de Diputados.
El debate parlamentario genera discrepancias entre senadores y diputados
La iniciativa legislativa provocó posturas encontradas en el Parlamento, donde legisladores de diversas bancadas se manifestaron sobre su viabilidad.
El senador de Ahora Nación, Jaime Delgado, advirtió sobre el peligro de criminalizar la protesta pacífica: «Si hay que hacer una huelga que es un derecho legítimo, constitucional. Si alguien azuza... se pueden criminalizar. Hay que tener mucho cuidado en eso».
En la misma línea, el senador de Juntos por el Perú, Jaime Quito, solicitó el archivo del documento: «Consideramos que este tipo de proyectos de ley lo que hacen es amordazar... lo que debe pasar es simplemente al archivo».
Por su parte, el diputado de Fuerza Popular, Arturo Alegría, indicó que la propuesta deberá ser debatida para evaluar posibles modificaciones a su articulado: «Todo es perfectible. Creo que el principio... va a tener que haber una discusión... plantear modificaciones».
El autor del proyecto, Aldo Bravo, defendió el texto sosteniendo que la medida no limita la libertad de opinión, sino que busca tipificar la justificación de la violencia durante las manifestaciones públicas.
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