Consejo de Prensa rechaza levantamiento de secreto a periodistas

El Consejo de la Prensa Peruana rechazó públicamente la solicitud de levantamiento del secreto de las comunicaciones presentada contra los periodistas Rodrigo Cruz Arana y César Prado Malca. La medida fue solicitada por la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción, en el marco de una investigación del Ministerio Público.

El caso ha generado preocupación entre gremios periodísticos debido a lo que consideran una creciente normalización de acciones judiciales que comprometen derechos fundamentales de la prensa. El pronunciamiento institucional resalta que el secreto de las comunicaciones es un componente esencial para el ejercicio informativo en democracia.

Solicitud fiscal en el marco de una investigación por cohecho

La Procuraduría presentó la solicitud como parte de una investigación por presunto cohecho que involucra a los periodistas mencionados y a la fiscal Marita Barreto. Según declaraciones de Miguel Girao, exasesor de la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides, Barreto habría pedido a los periodistas publicar contenido negativo sobre Delia Espinoza, actual fiscal de la Nación.

Tanto Cruz como Prado han negado cualquier participación en los hechos señalados. Aunque la conversación con una fuente no constituye por sí misma un delito, aceptar influencias externas para direccionar publicaciones sí podría representar una falta ética, algo que ambos comunicadores han descartado de forma categórica.

El Consejo de la Prensa subrayó que, incluso en el supuesto de una falta ética, la medida solicitada resulta desproporcionada y atenta contra principios básicos del periodismo libre.

Consejo de la Prensa Peruana advierte sobre uso indebido de procesos judiciales

En su pronunciamiento, el Consejo manifestó su preocupación ante lo que califica como una práctica cada vez más frecuente: el uso de procesos judiciales para intimidar o perseguir periodistas. Advirtió que involucrar a comunicadores en investigaciones penales sin fundamentos sólidos puede configurarse como una forma de presión o represalia institucional.

Además, alertaron que esta situación podría sentar un precedente peligroso para la libertad de prensa en el país. Reiteraron que las comunicaciones de los periodistas están protegidas constitucionalmente y que su vulneración pone en riesgo la labor informativa independiente.

El gremio llamó a las autoridades a respetar los marcos legales vigentes y garantizar el ejercicio del periodismo sin interferencias indebidas.

Defensa del secreto de las comunicaciones como garantía democrática

El Consejo enfatizó que el secreto de las comunicaciones es una garantía fundamental del trabajo periodístico y de la protección de las fuentes informativas. Medidas que busquen levantar esta protección deben cumplir requisitos legales estrictos y estar plenamente justificadas.

En este caso, sostienen que la solicitud carece de la proporcionalidad necesaria y se enmarca en un contexto de creciente hostilidad hacia la prensa. Resaltaron que el deber del Estado es salvaguardar el derecho a informar y ser informado, en lugar de promover acciones que puedan socavarlo.