Defensoría pide suspender ley que penaliza a adolescentes
Defensoría del Pueblo indicó que la ley viola tratados internacionales de derechos humanos y la Constitución
La Defensoría del Pueblo presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley n.° 32330 ante el Tribunal Constitucional (TC). Esta norma modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes para incluir a los adolescentes de 16 y 17 años como imputables dentro del sistema penal ordinario.
Además de la demanda, la Defensoría ha solicitado una medida cautelar para suspender de forma inmediata los efectos de esta ley, por considerar que afecta de manera irreparable los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes.
La institución argumenta que esta norma vulnera principios esenciales del derecho nacional e internacional, por lo que su aplicación debe detenerse hasta que se resuelva el fondo del proceso constitucional.
Violación de tratados internacionales y normas constitucionales
En su argumentación jurídica, la Defensoría del Pueblo sostiene que la Ley n.° 32330 contradice tratados internacionales suscritos por el Perú. En particular, menciona la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ambos de carácter vinculante.
Asimismo, invoca la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú, que otorga primacía a los tratados de derechos humanos sobre cualquier ley nacional contraria. Esta colisión normativa, según la demanda, requiere la intervención del Tribunal Constitucional.
El organismo sostiene que la norma representa un retroceso en materia de protección de la infancia y adolescencia, y que va en contra de estándares internacionales en justicia juvenil.
Riesgo de afectación irreparable a derechos fundamentales
Como parte de su acción, la Defensoría ha solicitado una medida cautelar excepcional. Esta busca evitar la aplicación inmediata de la ley mientras se revisa su constitucionalidad. La institución advierte que permitir su vigencia implicaría una afectación directa e irreparable a los derechos fundamentales de los adolescentes.
En ese sentido, exhorta a las autoridades a actuar conforme a la Constitución y a los compromisos internacionales asumidos por el Estado. Reitera su compromiso con la defensa de los derechos humanos, en particular de la niñez y adolescencia.
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