Diana Álvarez acusa abandono estatal en Machu Picchu

La situación en Machu Picchu continúa agravándose tras el fin de la tregua otorgada por los manifestantes a los turistas varados en la zona.

En diálogo con Canal N, la exministra de Cultura, Diana Álvarez, expresó su indignación ante el trato que reciben los visitantes y la falta de acción por parte de las autoridades responsables.

La crisis, dijo, refleja el abandono del Estado en la administración de uno de los principales destinos turísticos del país.

Álvarez sostuvo que la empresa saliente encargada del transporte habría incurrido en prácticas como sabotajes a trenes, bloqueos de vías férreas y retención de turistas.

Consideró que dichas acciones responden al intento de mantener el control de un servicio rentable, sin importar el perjuicio causado a la imagen del país y a la economía local.

Acusaciones contra la empresa saliente y el Ministerio de Cultura

Según Álvarez, la empresa que ha perdido la concesión del transporte actúa como una “organización criminal”, priorizando intereses económicos sobre la seguridad de los pasajeros.

Denunció que se han producido sabotajes como el corte de frenos de trenes y el bloqueo de accesos, sin que se hayan tomado medidas judiciales.

Asimismo, criticó duramente la gestión del Ministerio de Cultura, acusándolo de no invertir adecuadamente los ingresos que genera Machu Picchu.

Indicó que, de los 200 millones de soles que se recauda anualmente, solo 7 millones se destinan al mantenimiento del sitio arqueológico. Afirmó que estos fondos se estarían utilizando para pagar “planillas doradas” dentro del ministerio, sin rendición clara de cuentas.

Centro de visitantes sin ejecución y desprotección al turista

La exministra recordó que durante su gestión se dejó listo un expediente técnico para construir un centro de visitantes con capacidad para recibir hasta 2 mil turistas diarios.

Este proyecto incluía estudios de suelos, planes de evacuación y protocolos de protección patrimonial. Sin embargo, a la fecha no se ha ejecutado, pese a que los fondos están disponibles.

Álvarez denunció que el turista es recibido “a la intemperie”, sin servicios adecuados, y que aún se impide la compra en línea de boletos, obligando a los visitantes a permanecer días adicionales en Machu Picchu y exponiéndolos a colas innecesarias.

Conflicto de intereses en la gestión local del turismo

Otro punto señalado por la exministra fue el interés del Gobierno Regional del Cusco en administrar directamente Machu Picchu.

Según dijo, el objetivo es acceder a los recursos generados, más que mejorar la gestión del sitio. También advirtió sobre la falta de transparencia en la Unidad de Gestión de Machu Picchu (UGM) y en la entidad encargada de recaudar el boleto turístico.

En cuanto al transporte terrestre hacia Machu Picchu, denunció que el conflicto entre las empresas Consettur y San Antonio revela posibles irregularidades en los procesos de selección. Exigió una auditoría e investigación sobre las cuentas de las entidades involucradas.

Llamado a las autoridades y advertencias sobre otros patrimonios

Álvarez pidió la intervención inmediata del Ministerio Público ante los presuntos delitos cometidos en la zona. Subrayó que los sabotajes y bloqueos no pueden quedar impunes.

También criticó la inacción del ministro de Cultura y valoró la presencia de la ministra de Comercio Exterior y Turismo en el lugar de los hechos, aunque enfatizó que el problema requiere coordinación entre todos los niveles del Estado.

Finalmente, alertó sobre la paralización de investigaciones arqueológicas en el centro histórico de Lima, debido a decisiones del Ejecutivo que calificó de “caprichosas”. Afirmó que el Perú desaprovecha su potencial patrimonial, lo que limita el desarrollo de una industria turística sostenible y de alto valor.