Gremios piden declarar Machu Picchu como activo crítico nacional

La Asociación de Gremios de Hoteles, Restaurantes y Empresas Turísticas del Perú emitió un comunicado en el que responsabilizó a la municipalidad provincial de Urubamba por la crisis en Machu Picchu, debido a la falta de orden en el proceso de licitación y transición de los buses en la ruta Hiram Bingham.

Según el documento, la ausencia de un concurso público oportuno generó protestas y bloqueos que han puesto en riesgo la seguridad de turistas y trabajadores.

Los gremios advirtieron que se han lanzado piedras desde las laderas contra vehículos en tránsito y señalaron que algunos pobladores responsables de estos actos ya han sido identificados.

Exigen liderazgo del Ejecutivo

El comunicado plantea que la Presidencia del Consejo de Ministros asuma un rol directo en la resolución del conflicto. Los gremios pidieron aplicar medidas firmes bajo el principio de autoridad frente a quienes promuevan violencia y desorden, con el fin de garantizar la seguridad de visitantes y preservar la actividad turística en la zona.

Los representantes del sector recordaron que el 60 % de la economía del Cusco depende del turismo y que los continuos enfrentamientos ahuyentan a los visitantes, afectando a miles de familias que trabajan en hoteles, restaurantes, transporte y servicios turísticos.

Entre las medidas planteadas, los gremios solicitaron declarar al santuario histórico de Machu Picchu como activo crítico nacional. Esta figura permitiría garantizar la protección de su infraestructura estratégica y asegurar la continuidad de su operatividad sin interrupciones, evitando impactos económicos y sociales en las comunidades locales.

Nueva autoridad para la gestión del santuario

El pronunciamiento también incluye la creación de una nueva autoridad técnica que sustituya a la actual Unidad de Gestión de Machu Picchu.

Según los gremios, esta entidad debe integrar la conservación del patrimonio cultural y natural con la gestión sostenible del turismo, estableciendo un modelo de gobernanza a largo plazo.

Asimismo, propusieron instalar una mesa técnica interinstitucional para restablecer el orden público, asegurar la seguridad jurídica y garantizar el libre tránsito de turistas y trabajadores del sector.