Diego Bazán cuestiona al equipo Lava Jato y respalda reorganización del Ministerio Público

Diputado de Renovación Popular, Diego Bazán, cuestionó el trabajo realizado por el equipo especial Lava Jato y respaldó una reorganización del Ministerio Público./ Video: Canal N

El diputado de Renovación Popular consideró que el Ministerio Público atraviesa un proceso de reorganización interna y descartó que la remoción de fiscales del equipo Lava Jato esté relacionada con la llegada de Keiko Fujimori al Gobierno

El diputado de Renovación Popular, Diego Bazán, cuestionó el trabajo realizado por el equipo especial Lava Jato y respaldó una reorganización del Ministerio Público, luego de las críticas formuladas por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez.

En entrevista con Canal N, Bazán sostuvo que las investigaciones derivadas del caso Lava Jato no habrían tenido los resultados esperados y afirmó que, hasta el momento, no se ha logrado sancionar a responsables por estos hechos de corrupción.

“Los resultados se ven. El único país en Latinoamérica donde no se ha sancionado a nadie por estos casos es Perú”, señaló.

El legislador consideró que el Ministerio Público atraviesa un proceso de reorganización interna y descartó que la remoción de fiscales del equipo Lava Jato esté relacionada con la llegada de Keiko Fujimori al Gobierno.

“No creo que haya sido por la llegada de la señora Keiko Fujimori al gobierno. Creo que ha habido una reorganización al interior del Ministerio Público que está conllevando a la toma de esta decisión”, afirmó.

Caso Julián Pérez Mallqui

Respecto a la situación del diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez Mallqui, denunciado por una presunta agresión física y psicológica contra su expareja, Bazán cuestionó la falta de acciones inmediatas de la bancada del legislador.

El parlamentario señaló que el caso debe ser evaluado no solo en el ámbito penal, sino también en el plano ético dentro del Congreso. Indicó que la Comisión de Ética Parlamentaria cuenta con un procedimiento especial que permitiría resolver este tipo de casos en un plazo aproximado de 12 días y aplicar sanciones, de corresponder.

Bazán afirmó que, según los elementos conocidos hasta el momento, existirían pruebas y testimonios que podrían justificar una sanción máxima de 120 días de suspensión de funciones parlamentarias.

Asimismo, cuestionó la diferencia de trato que, según dijo, habría existido frente a otros casos parlamentarios y pidió que las decisiones se adopten bajo los mismos criterios.

Finalmente, reiteró que el Congreso debe actuar con rapidez ante denuncias que involucren a sus integrantes y que las investigaciones fiscales y parlamentarias deben continuar por las vías correspondientes.

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