Dina Boluarte viajó a Pataz tras asesinato de 13 mineros

La presidenta Dina Boluarte llegó este viernes a la provincia de Pataz, región La Libertad, luego del asesinato de 13 trabajadores de la empresa R & R en un socavón minero. El crimen, atribuido a una banda criminal ligada a la minería ilegal, desató una ola de indignación y alarma por la creciente violencia en el norte del país.

La visita de la jefa de Estado fue captada por Canal N, que mostró imágenes de Boluarte descendiendo de un vehículo oficial, saludando a altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú (PNP), antes de ingresar a una sala de reuniones. El despliegue de seguridad reflejó la gravedad de la situación.

Gobierno ordena cierre total de actividad minera en Pataz

Tres días antes de su arribo, Boluarte, junto al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, anunció una serie de medidas de emergencia para contener la violencia en la zona. Una de las principales fue el cierre total de las actividades mineras en la provincia de Pataz durante 30 días.

Asimismo, se dispuso la instalación de una base militar en el lugar, el establecimiento de un toque de queda de 6 p.m. a 6 a.m., y el control directo de las Fuerzas Armadas en la minera Poderosa. Estas acciones forman parte de un plan de control territorial en una zona considerada crítica.

Exclusión de mineros informales del Reinfo

Como parte de las medidas adoptadas, el gobierno decidió excluir del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) a 761 mineros informales de la zona, quienes pasaron a condición de suspendidos. Según el Ejecutivo, esta exclusión busca desarticular redes vinculadas a actividades ilícitas.

La suspensión del Reinfo permite a las autoridades intervenir sin restricciones en zonas de minería ilegal, al tiempo que se investiga la conexión entre estos trabajadores y organizaciones criminales. La medida ha generado reacciones mixtas entre los actores locales.

Acciones buscan recuperar el control del Estado en la región

La visita de la presidenta y el despliegue de medidas de seguridad reflejan la intención del Ejecutivo de recuperar el control estatal en Pataz, una región golpeada por la informalidad, el crimen organizado y la ausencia prolongada del Estado.

Aunque las acciones han sido respaldadas por parte de la opinión pública, también han generado cuestionamientos sobre la efectividad de los controles y el impacto en la economía local, dependiente en gran parte de la minería.