Ernesto Álvarez consideró de cortina de humo la pena de muerte

Ernesto Álvarez, expresidente del Tribunal Constitucional, dijo que aplicar la pena de muerte para violadores de menores es complejo y se enfrenta a varios obstáculos jurídicos y políticos.  

En diálogo con Canal N, mencionó que existen varios pasos legales y procedimientos que deben cumplirse, y no es un proceso sencillo ni rápido. 

Renuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

Álvarez comentó que para aplicar la pena de muerte se debe salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al Pacto de San José. No obstante, remarcó que está decisión afectaría la relación del país con la comunidad internacional.  

Para salir de la Corte, el proceso es largo y requiere la aprobación tanto del Congreso como del Ejecutivo. La sociedad civil también debe involucrarse, ya que esta decisión afectaría el estado de derecho en Perú.  

En esa línea, detalló que este proceso podría tardar al menos un año, y como mencionas, el tiempo es limitado debido al contexto electoral del 2026. Además, esta renuncia puede ser revertida por el siguiente gobierno, como ocurrió con otros cambios en la historia política reciente. 

El expresidente del TC explicó que una vez que Perú renuncie a la Convención, sería necesario un cambio constitucional para permitir la pena de muerte en causas adicionales, como la violación a menores de edad. 

Este proceso de reforma constitucional es aún más complejo, ya que la Constitución actual protege los derechos humanos de los ciudadanos y establece límites claros para modificar estos derechos, particularmente en lo que respecta a la reducción de libertades. 

El proceso de reforma constitucional en Perú puede llevar de uno a dos años, dependiendo de la rapidez con que se acuerde el debate y la aprobación en el Congreso. Sin embargo, incluso si el Congreso aprueba la reforma, esta puede ser impugnada ante el Tribunal Constitucional, lo que añadiría tiempo y complicaciones al proceso. 

La implementación de la pena de muerte no solo enfrenta obstáculos legales, sino también políticos. El debate sobre este tema suele resurgir en momentos de crisis de seguridad, pero muchas veces se considera un "populismo penal" o una "cortina de humo" que desvía la atención de problemas estructurales más profundos en el sistema de justicia y seguridad. 

“Yo creo que sí es una cortina de humo, creo que políticamente y la sociedad peruana se ha acostumbrado a consumir productos muy fáciles en lugar de reflexionar y trabajar en beneficio propio”, expresó. 

Para Ernesto Álvarez, el enfoque en la pena de muerte puede ser una forma de desviar la atención de la necesidad de reformas judiciales y políticas más profundas, como la mejora en la eficacia de la policía, la agilización de los procesos judiciales, y la lucha contra la corrupción.  

“El tema de la pena de muerte es un sustituto muchas eficaz a una falta de capacidad para liderar en forma eficaz una gran campaña de reforma judicial y legal”, sostuvo. 

Propuestas  

El expresidente del Tribunal Constitucional propuso que se podrían modificar normas que limitan la actuación de fiscales y policías, reducir la burocracia que entorpece las investigaciones, mejorar la infraestructura y la tecnología de la policía para hacer búsquedas más rápidas y efectivas, y garantizar que los fiscales actúen con mayor celeridad en casos de delitos graves. 

Un aspecto crucial es el "garantismo" en el sistema judicial peruano, que a veces protege excesivamente a los delincuentes en lugar de garantizar la seguridad de la población. Reformar estas normas podría ser más rápido y efectivo que cambiar la Constitución.