Extorsiones en Trujillo crecen desde el año 2000 sin control

El crimen organizado en Trujillo ha alcanzado niveles alarmantes, con el uso sistemático de explosivos y extorsión en negocios y transporte urbano. La ciudad, considerada desde hace años como un epicentro criminal en el país, evidencia una debilidad estructural en la respuesta del Estado.

Desde hace más de dos décadas, Trujillo ha albergado a bandas como “Los Pulpos”, “La Jauría” y “Los Pepes”, que controlan territorios y economías ilegales mediante el cobro de cupos y amenazas constantes.

El uso de stickers extorsivos y cargas explosivas en viviendas y locales comerciales se ha convertido en una práctica habitual.

Crimen organizado en Trujillo tiene raíces profundas

Trujillo no es un caso reciente. Desde los años 2004 a 2007 ya se registraban los primeros sistemas de cobro de cupos a transportistas de mototaxis y pequeños negocios. Estos esquemas evolucionaron en redes más complejas que operan desde dentro y fuera de los penales.

El dominio de estas bandas no solo se limita al uso de violencia. También ejercen control sobre rutas comerciales y zonas de expansión urbana, donde la presencia del Estado es mínima o reactiva.

Explosivos y amenazas marcan el avance del crimen

El uso de explosivos como herramienta de intimidación ha aumentado significativamente en los últimos años. Trujillo ha sido escenario de varios atentados que buscan infundir miedo a propietarios de negocios, transportistas y hasta autoridades locales.

Estos ataques tienen un mensaje simbólico: exhiben el poder de las bandas y la incapacidad de las autoridades para contenerlas, especialmente en regiones alejadas de Lima. La repetición de estos hechos fortalece la percepción de impunidad.

Estado sin estrategia integral contra el crimen organizado

Expertos señalan que el Estado mantiene un rol reactivo frente al avance del crimen organizado. Aunque la Policía Nacional ha mejorado su capacidad de respuesta inmediata, aún no se articula un plan de prevención ni una estrategia sostenida.

La política penitenciaria es otro punto crítico. Las cárceles, lejos de debilitar a las organizaciones criminales, muchas veces las fortalecen. Al ingresar líderes o integrantes de bandas, estos logran reorganizarse y ampliar su poder desde el interior.

Además, el control de ingresos y salidas en los penales sigue bajo vigilancia de instituciones estatales, sin participación de organismos autónomos que garanticen transparencia.

Trujillo se ha convertido en una advertencia para el país: el crecimiento del crimen organizado y la debilidad institucional permiten la expansión de la violencia. Sin una acción estructural y preventiva, el fenómeno podría replicarse con mayor fuerza en otras ciudades del interior.